«Nos sangran con impuestos para sus juicios perdidos», protesta de la Policía Local de Miranda

Desde que los Locales rehusaron las horas extraordinarias mediante las que suplían las carencias de una plantilla mermada, por un motivo u otro, los desencuentros con el Ayuntamiento han sido incesantes. El deterioro de las instalaciones, los desperfectos en los vehículos del cuerpo, la uniformidad envejecida e inadecuada, la ausencia de formación… son cuestiones que han focalizado el debate en multitud de ocasiones.

Sin embargo, hace meses que la polémica se centra en la valoración de puestos de trabajo que el Consistorio acepta, pero 'sine die' y en unas condiciones que los agentes no están dispuestos a aceptar. Y es que ésta no es una reivindicación novedosa; en el 'Plan Estratégico de Modernización Municipal' que el Ayuntamiento publicó a fecha 18 de diciembre de 2008, ya quedaba reflejado que «no tiene sentido que la categoría de un policía sea inferior a la de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro».

Quince años después de aquello no parece que el Ayuntamiento quiera anticipar la valoración de puestos del cuerpo a la del resto del personal laboral porque, de acuerdo con la alcaldesa Aitana Hernando, «aquí nadie es más que nadie». Y precisamente este punto es el que ha desencadenado un nuevo desencuentro entre el Ayuntamiento y la Policía Local.

En palabras textuales, a los agentes «les sangra ver cómo desde el grupo de Gobierno no se ha hecho más que verter sobre ellos menosprecios y tacharles de peseteros», según señalan, «por pedir una mejora salarial y equiparación a otros estamentos similares». Es por eso por lo que, después de que el pasado 15 de febrero la alcaldesa redujera el origen del conflicto a «una cuestión de dinero», la Policía Local niega la mayor y recuerda que la segunda denuncia interpuesta por toda la plantilla —a excepción de la jefatura— contra el Ayuntamiento «es por la violación de derechos fundamentales».

A este respecto, señalan que los agentes se van a gastar una cantidad cercana a los 400 euros por cabeza en concepto de abogados. Una decisión que implica «arriesgar dinero y salud», pero que ha prosperado por «el agravio» que denuncian contra ellos. Asimismo, dirigen la mirada al equipo de Gobierno al que acusan de exponer el dinero público por su «desidia» negociadora.

«Qué fácil es ir a juicio con el dinero de otros, ¿verdad? Y qué fácil resulta dejar mal públicamente a la Policía», denuncian, al tiempo que señalan a la alcaldesa, al concejal de Seguridad Ciudadana Pablo Gómez y a la concejala de Hacienda Matilde Fernández como responsables de la situación por haber desoído sus propuestas y permitido que el Consistorio se enfrente a la Policía Local en los juzgados.

Por todo ello, la Policía Local seguirá alzando su voz y a partir de ahora también lo hará en la calle. Acreditados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, los próximos jueves 9, 16 y 23 de marzo los agentes condenarán las políticas del equipo de Gobierno en sendas concentraciones en la Plaza de España. Bajo el lema 'Por un acuerdo justo' clamarán por llegar a un punto en común «por el bien de esta ciudad». Por otra parte, los Locales también anticipan que se unirán a las reivindicaciones de los miércoles efectuadas por el personal laboral del Ayuntamiento, que ya protesta contra la gestión del Consistorio «por asfixiarles con horas extras».