El PP exige auditar a la subcontrata del servicio de socorrismo en las piscinas de Miranda

El contrato, valorado en 84.310 euros, establece que se deben realizar 5.082 horas de trabajo en las piscinas municipales durante el verano, desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, desde la apertura de las piscinas de verano el pasado 7 de julio -después de un retraso de varios días según el propio pliego de condiciones, según inciden-, se habrían producido algunas ausencias de los socorristas subcontratados que, aunque justificadas, han implicado sustituciones por parte del personal directamente contratado por el Ayuntamiento.

Por ejemplo, el 9 de julio por la mañana, la subcontrata no personó a ningún socorrista en el Polideportivo de Anduva, motivo por el que uno de los socorristas de la piscina climatizada, empleado municipal, tuvo que cubrir el servicio. Y lo mismo habría sucedido el 10 de julio por la tarde. Aunque «más precaria» sería la situación en las piscinas del Poblado de Los Ángeles, las cuales habrían tenido que cerrar en tres ocasiones en menos de un mes y medio debido a la falta de personal.

Así pues, desde el PP denuncian los inconvenientes causados a los usuarios de las piscinas, así como un «agravio comparativo en las nóminas de los Socorristas», puesto que los socorristas de la subcontrata percibirían un salario más bajo que el personal dependiente del propio Consistorio «por realizar el mismo trabajo».

Por todo ello, los azules señalan tanto a la «irresponsabilidad» de la subcontrata, como a la «mala gestión del Ayuntamiento» por no contar con los recursos humanos suficientes. Del mismo modo, lamentan que, a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con una bolsa de socorristas, se haya optado por privatizar el servicio; una decisión que consideran «nefasta» y que está generando «controversias e insatisfacciones».

Por lo tanto, desde el Partido Popular se exige un control diario y una auditoría inmediata de esta empresa, así como la imposición de las sanciones correspondientes según lo establecido en el contrato. No en vano, consideran que los incumplimientos mencionados son graves y podrían dar lugar a sanciones económicas de hasta el 10 por ciento del valor del contrato.