La plantilla de Metecno Miranda pide la anulación de los últimos despidos

El asunto ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. La sala de lo Social del tribunal ha acogido la vista por la demanda colectiva presentada por el comité de empres de Metecno por la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que la empresa mirandesa dedicada a la fabricación de paneles metálicos para cubiertas y fachadas ha despedido a cerca de una treintena de trabajadores. Un ERE que, a juicio del comité, debe ser anulado al no haber seguido el trámite legal establecido.

Tras varios años de problemas, la dirección de la empresa comunicó a los trabajadores a finales de verano su intención de extinguir 39 contratos y reducir en un 40% la masa salarial para intentar hacer frente a las pérdidas acumuladas durante los últimos ejercicios. Durante el periodo de consultas, la cifra de despidos se redujo hasta 31, que se harían efectivos en el plazo de un año. Cerca de una treintena ya se han materializado.

Sin embargo, el comité y los propios trabajadores afectados consideran que el ERE no se ajusta a la legalidad. Y es que, más allá de la procedencia o no del mismo, justificado por «causas organizativas y económicas», la dirección de la empresa no ha pagado ni un solo euro a los trabajadores despedidos. No se les ha abonado ni la indemnización particular correspondiente en función de su antigüedad, ni los salarios desde septiembre ni la prorrata de las pagas extras. Desde el comité calculan que la factura total en todos esos apartados se eleva por encima del millón y medio de euros.

En este sentido, la dirección asegura no poder hacer frente a esos pagos. Así de hecho se recalca en las cartas de despido, en las que se asegura que la firma mirandesa acumula pérdidas desde 2019, que al cierre del pasado ejercicio se elevaron a los 5,9 millones de euros. En ese escenario, asegura la dirección, «la empresa carece de tesorería suficiente para proceder al abono» de las cantidades adeudadas y se vincula su cobro al trámite con el Fogasa.

Sin embargo, según denuncian los trabajadores, se tiene constancia de varias incorporaciones en las últimas semanas, lo que a su juicio echa por tierra cualquier argumento esgrimido por la empresa para justificar los despidos y la negativa a pagar las indemnizaciones.

Así lo han asegurado esta misma mañana los trabajadores concentrados a las puertas del TSJ antes del inicio de la vista oral. «Es una injusticia» que «después de darlo todo por esta empresa durante 20 o 30 años» se les despida en esas condiciones, aseguran al tiempo que exigen que, si se tiene que mantener el ERE para garantizar el futuro de la empresa «se haga de manera estrictamente legal». A este respecto, denuncian, la dirección «no ha querido negociar nada» con el comité, pero sí que ha llegado a acuerdos «personales» con algún trabajador, lo que supone un «agravio comparativo» hacia el resto. «Es un ERE impuesto» que «consideramos que no es legal», han zanjado.

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