Piden 16 años de prisión para el acusado de poseer el mayor depósito de armas incautado en España

También se intervinieron una ballesta de poleas, un bastón estoque, un tirachinas perfeccionado y dos pistolas de descargas eléctricas, algunas creadas en un taller con herramientas específicas para la modificación de las armas.

El inculpado, que ha acudido a declarar desde el centro penitenciario en el que ingresó hace dos años en prisión provisional, ha reconocido 16 de las armas requisadas alegando su posesión «para coleccionismo» aunque sin una licencia que «estaba a punto de sacarse».

Acto seguido, ha negado la tenencia del resto de objetos incautados, incluidos los explosivos hallados y al ser cuestionado sobre un espacio encontrado en el domicilio donde presuntamente modificaba las armas para rehabilitarlas para su uso, ha argumentado que se trata de un «taller de bricolaje» para hacer distintos apaños caseros.

Tras esta primera intervención, el Ministerio Público y el abogado de la defensa han interrogado a los testigos citados, todos ellos agentes que tomaron parte en la inspección de la vivienda y el garaje del acusado o en el análisis de los dispositivos encontrados.

El primero en hacerlo, capitán de la Benemérita, ha repasado la operación desde sus inicios en diciembre de 2016 al detectar una de las armas enviadas desde Eslovaquia en uno de los almacenes de una conocida empresa de mensajería en Barcelona.

Fue entonces, con la colaboración de la Interpol, cuando comenzaron las pertinentes pesquisas y vigilancias «esporádicas» sobre el acusado hasta determinar el acopio ilícito de armas y elementos para la creación de munición que estaba perpetrando con sucesivas compras hasta la fecha de la intervención.

En su explicación, también se ha referido a la rehabilitación de armas compradas en armerías principalmente del este de Europa, es una práctica habitual para poder obtener artefactos y armas de manera ilegal.

Entre ellas -más de 12.000 según ha cifrado el propio capitán-, la procedencia e incluso el modelo de un fusil y un subfusil de los incautados en la vivienda se correspondería con el origen de las armas utilizadas por los yihadistas que perpetraron los atentados de la Sala Bataclán en noviembre de 2015 en París.

El testigo también ha incidido en la adquisición de químicos precursores en la creación de artefactos explosivos, entre ellos, cianuro potásico, un compuesto altamente venenoso y conocido por ser uno de los componentes del gas Zyklon B utilizados por los nazis en las cámaras de gas durante el Holocausto.

Uno de los agentes presentes durante el registro también ha asegurado que el procesado estaba «bien equipado» con un chaleco antibalas «incluso superior a los utilizados por las FCSE», gran cantidad de munición coincidente en calibre con las armas halladas e incluso un silenciador.

Otro de los testigos citados ha puesto el foco en la fabriación de dispositivos explosivos con metralla, «un hecho que solo se puede atribuir a la intención de atentar contra personas» y que, de haberse utilizado, «podría haber causado muchas víctimas».

El agente que realizó el informe analítico sobre las armas ha apuntado que «al menos 22 de las armas decomisadas listar para disparar» de las cuales preocupaban de «manera especial» el fusil de asalto y el subfusil automático restituidos y los explosivos, que tuvieron que ser neutralizados por efectivos del TEDAX durante el registro.

Ante estas evidencias, la petición de la Fiscalía se ha mantenido en los nueve años de prisión por depósito de armas de guerra más siete por depósito de explosivos. Posteriormente, ha reconocido un error de forma en la fecha de autorización del registro donde se incautaron todas las pruebas al haberse redactado para el 27 de noviembre y no para el 28, en el que se llevó a cabo el mismo.

Por contra, el abogado de la defensa ha alegado este error para pedir la nulidad del auto judicial, y por ende, de todo lo ocurrido con posterioridad y ha señalado que el mismo documento fue firmado por los magistrados correspondientes dos días después de haberse efectuado la inspección de la vivienda y el garaje.

Ante esta circunstancia, el letrado ha observado que se conculca el derecho a la inviolabilidad de la vivienda recogido en la Constitución, por lo que no ve válida la actuación donde se encontró el arsenal.

Además, ha subrayado que la diligencia «no se realizó con el permiso del procesado» dado que se le advirtió de un posible delito de resistencia a la autoridad« si se negaba al procedimiento.

De igual manera, ha alegado que tras el reconocimiento parcial del acusado, el delito a tener en cuenta debería ser el de tenencia ilícita de armas, con penas de uno a tres años de prisión, intervención con la que el juez ha dado por finalizada la sesión y ha declarado el juicio visto para sentencia.