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Izquierda Unida de Miranda de Ebro demanda explicaciones ante los hechos sucedidos en el cuerpo de Policía Local del municipio. A través de un comunicado, la formación manifiesta haber conocido a través de la prensa «que el actual Mayor de Policía ha sido denunciado ... por un presunto delito de acoso y prevaricación porque ha podido usar medios públicos para una tarea que no corresponde».
Por este motivo, IU demanda explicaciones al concejal delegado del área. Además, destacan su «malestar ante todo lo que rodea el proceso de nombramiento del mayor de policía, lo que nos llevó a formular petición por escrito la semana pasada solicitando el expediente y respuestas para conocer cómo se realizó dicho nombramiento. Pregunta que aún no ha sido resuelta«, según declaran.
El comunicado continúa aludiendo al Real Decreto 364/1995 que regula el ingreso y la promoción del personal público en la administración para cubrir una plaza en comisión de servicio, como es el caso, debe cumplirse que el «funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo». El grupo municipal de IU Miranda cuestiona que el funcionario «cumpla con los requisitos para su desempeño».
Por otro lado y ante tan grave acusación, «como medida preventiva y de transparencia solicitamos que se active de inmediato el protocolo anti-acoso para, sin menoscabar la presunción de inocencia, prevenir y corregir cualquier posible comportamiento impropio o irregular«, señalan.
Desde IU aseguran haber conocido a raíz de estos hechos que «el funcionario que en la actualidad y de forma temporal ostenta el puesto, fue condenado con anterioridad a 19 meses de prisión por un delito de lesiones, lo que le supuso un expediente interno y seis meses de suspensión en el cuerpo de policía».
En este sentido, solicitan «que la concejalía asuma responsabilidades, dando explicaciones públicamente, contestando a las preguntas registradas debidamente», puesto que estos antecedentes y los hechos denunciados son para IU «muy graves al afectar a la función pública».
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