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La polémica suscitada en Valladolid, un rifi-rafe entre Óscar Puente y Francisco Igea por la celebración de la Cabalgata de Reyes, se ha convertido en la apertura de un expediente sancionador por el que la ciudad se enfrenta a una multa de 5.000 ... euros. Sin embargo, Valladolid no es el único municipio contra el que la Junta de Castilla y León ha iniciado procedimiento sancionador por lo que se consideran actos que contravinieron la norma vigente frente a la covid-19. Y entre ellos se encuentra Miranda de Ebro.
Un total de quince municipios de la región ha recibido la correspondiente notificación de la Junta, en la que se les informa de la incoación del expediente sancionador por infracción grave de la normativa en vigor. Se enfrentan a multas de entre 3.000 y 5.000 euros por producir «un riesgo o daño grave» para la salud de la problación con la celebración de ciertas cabalgatas de Reyes que, a juicio de la Junta, estaban prohibidas en el formato utilizado.
Entre esos municipios solo hay uno de Burgos, en concreto, Miranda de Ebro. La ciudad recibió el 5 de enero a Sus Majestades pero no organizó una Cabalgata al uso, sino que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron algunas calles de la ciudad a bordo de tres coches descapotables cedidos por la Asociación de Vehículos Clásicos de Miranda. Este formato fue utilizado por otros ayuntamientos y, según la Junta, se equipararía a las cabalgatas, que estaban prohibidas.
Fuera de Burgos, son cuatro los municipios afectados en León, Palencia y Valladolid y dos en Salamanca. Se trata de las localidades de León capital, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Sariegos; Valladolid capital, Valdestillas, Pedrajas de San Esteban y Canalejas de Peñafiel; Grijota, Villamuriel de Cerrato, Herrera de Pisuerga y Aguilar de Campoo; y Matilla de los Caños del Río y Villamayor de Armuña.
En Ávila no se prevé sancionar a ningún municipio y por el momento se desconoce cuántos se verán afectados de Segovia, Soria y Zamora, informa Europa Press. Desde la recepción de las notificaciones los ayuntamientos afectados tendrán un plazo de diez días para presentar alegaciones contra las mismas, algo que ya han anunciado que harán en Valladolid y León capital, por ejemplo.
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