Las molestias ocasionadas por el ruido no suponen ninguna novedad en las ciudades, aunque no por ello pasa inadvertido el incordio de tener que convivir con el bullicio de las calles e incluso, en ocasiones, del propio interior de algunas comunidades vecinales. El 16 por ... ciento de los hogares en España sufren serias molestias derivadas del ruido producido por ciudadanos incívicos. Un porcentaje extrapolable a la ciudad de Miranda donde, el 15 de marzo de 2019, un grupo de vecinos hastiados de la excesiva contaminación acústica decidieron constituir la Asociación de Afectados por el Ruido en Miranda.
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Su objetivo residía en representar a las víctimas del ruido en la ciudad del Ebro. Sin embargo, medio año después de que la asociación acusara públicamente al concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, de ignorar dos de cada tres denuncias de personas afectadas por ruido, la situación ni mejora ni parece subsanarse. Así lo denuncian fuentes policiales que afirman que «las mediciones de ruido que se hacen en Miranda no son válidas»; cuestión que afectaría directamente a la parte denunciante en tanto que la prueba presentada para evidenciar que se sobrepasan los niveles máximos permitidos no sería apta.
«El principal problema radica en que el sonómetro —el instrumento empleado para la medición del ruido— no se encuentra calibrado ni cuenta con la homologación pertinente», aclaran desde Policía Local. Una problemática arrastrada, al menos, desde finales de 2021, cuando el Consistorio habría sido alertado de que el aparato carecía de un higrómetro —medidor de la humedad— que provocaría la nulidad de los registros del sonido.
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La solución pasaría, como parece obvio, por la reparación o sustitución del aparato, pero también por la formación de los propios agentes en aras de capacitarlos para la realización de dichas mediciones. Y es que instruir a los agentes para el desempeño eficaz de cualquier tarea que se les pueda encomendar debería ser una máxima en cualquier cuerpo policial. Sin embargo, en Miranda podría no estar cumpliéndose la normativa.
Si los agentes ya denunciaban que no se están realizando las dos prácticas anuales de tiro que establece la ley, ahora critican que tampoco han recibido la formación conveniente para desempeñar la tarea para con el ruido. Al parecer, en 2022 cinco agentes fueron habilitados para este cometido, pero la nueva reestructuración de los equipos de trabajo, «orquestada por el Inspector Jefe de Policía Local con el beneplácito del Concejal de Seguridad Ciudadana», habría derivado en la disparidad de personal cualificado dependiendo de cada turno.
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Así, si antaño cada uno de esos agentes habilitados formaba parte de un turno diferente, ahora coincidirían hasta tres en el mismo, dejando más de un turno sin agentes autorizados para realizar las mediciones. Un problema agravado con la escasez de agentes que vive la plantilla desde las pasadas fiestas de San Juan del Monte, a raíz de su negativa seguir realizando horas extras.
A pesar de que la la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el propio Consistorio publica en su portal de transparencia especifica un total de cincuenta y siete efectivos policiales, en la Comisaría Local de Miranda tan solo cuarenta agentes ofrecen sus servicios, de los cuales, además, catorce causan baja. «Son muchas las ocasiones en las que no solo no hemos podido realizar las mediciones, sino que ni siquiera hemos podido personarnos en el lugar por estar tan solo dos agentes operativos en el turno», explican. En total, desde el día 24 de diciembre, la ciudad ya suma al menos 32 días en los que la Policía Local no ha patrullado las calles en alguno de sus turnos por escasez de efectivos, pese a que el convenio compromete un mínimo de cinco agentes por grupo.
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A pesar de que, según informan varios agentes, la competencia para realizar las mediciones acústicas recaería sobre el Inspector Medioambiental municipal, lo cierto es que la Policía Local es quien lleva años asumiendo esta función. No en vano, «la práctica totalidad de la realización de estas pruebas es requerida durante fines de semana y noches», es decir, en una coyuntura en la que el Inspector Medioambiental no permanece operativo, de acuerdo con su jornada laboral.
Sin embargo, los Locales critican que esta asunción de funciones no lleve implícita su correspondiente retribución económica. Una cuestión que, dicen, «no sorprende» a la plantilla, teniendo en cuenta que todavía no se les retribuiría por la conducción de los vehículos propios del cuerpo. «Desde el Ayuntamiento niegan pagar por el manejo de vehículos a pesar de que sabemos con certeza de que a Bomberos, por ejemplo, sí se les retribuye como debería ser», señalan.
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Esta constituye una de sus mayores reivindicaciones que, unida a la incorporación de mensáfonos —comúnmente conocidos como 'buscas'—, «podría garantizar la disponibilidad de la Policía Local los 365 días del año». Y es que diversos estudios apuntan a que, en plena era de los smartphones, los 'busca' siguen siendo muy efectivos en cualquier área laboral en la que sus profesionales deban estar en guardia, tales como la sanidad o las emergencias.
Por lo demás, concluyen, sus reclamos son básicos: «no pedimos nada que no se garantizaría en cualquier otro trabajo: la sustitución a demanda de la uniformidad cuando está rota o desgastada, la compra de placas balísticas que encajen en los chalecos antibalas, la mejora de las instalaciones…». Cabe recordar que, bien adentrado el siglo XXI, las mujeres del cuerpo en Miranda todavía no dispondrían de un vestuario para cambiarse.
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