El juicio por la muerte del escayolista de Miranda, entre el asesinato y el homicidio

Por su parte, el Ministerio Público pide para D. D. J. 18 años por el asesinato y otros dos por tenencia ilícita de armas. Una solicitud que se rebaja con la petición de la propia defensa del acusado, que ha centrado su discurso en que se cometió un delito de homicidio doloso o involuntario al «tratarse de un accidente».

Precisamente, para la Fiscalía no hay otro delito que el de asesinato con alevosía. «Necesitamos acreditar que hubo ánimo de matar. La intención es lo más difícil del derecho penal porque no se ve. Ningún indicio apunta a que fuera accidentado (como declaró el acusado en la primera sesión). Además, dejarle desangrarse es otra intención de matar», ha afirmado el fiscal.

Y en ese argumento, para que sea asesinato, es necesario acreditar la alevosía del presunto asesinato. «Se utilizó una pistola ante una persona desarmada. Fue un asesinato cuando le disparó y fue un asesinato cuando le dejó desangrarse», ha continuado el fiscal.

La víctima recibió un disparo el 26 de abril en su casa, en el que según afirmaron los forenses, la bala entró por el dorso izquierdo y salió por el abdomen. «Físicamente se ha demostrado que la bala no entró por el abdomen y que no se produjo a cañón tocante», ha apuntado el Ministerio Público.

«La vida se le iba escapando cada minuto a F. J. M. G. durante la media hora, que al menos estuvo desangrándose. Podría haber sobrevivido de haber ido a un médico. Realmente no sabemos por qué le pegó un tiro. Solo sabemos que le pegó un tiro que le dejó herido y morir desangrado en su propia casa», ha relatado el fiscal, que ha repasado todas las pruebas que se han presentado durante el juicio contra D. D. J..

«Echó en falta la 'barra de pan', la droga, se puso nervioso y sospechó de su hermano. Habló con su familia y se centró en la víctima. Realmente ahí no sabemos qué ocurrió. La familia no es exculpable, pero la ley les ampara a la hora de testificar», ha agregado Fiscalía, que tiene dudas de que el disparo fuera «premeditado». «No sabemos si fue así, pero sabemos, porque lo dice su mujer en un audio, que bajó con la pistola», ha añadido.

Asimismo, los atenuantes presentados por la defensa de D. D. J. los ha calificado el fiscal de «burla». «Ha consignado 5.000 euros y eso es una burla. Al igual que decir que ha confesado. El acusado tardó seis meses en declarar y lo hizo con una mentira. La mentira quiere que sea un atenuante», ha apostillado.

Sobre la discapacidad intelectual leve de D. D. J., el fiscal ha asegurado que le «da rabia». «Parece que da derecho a una pensión y a matar a una persona. Es culpable sin atenuantes. No hay pruebas de su toxicidad por las drogas y es absurdo lo del trastorno de personalidad», ha concluido el fiscal.

Asimismo, el abogado de la familia de la víctima ha recalcado las conclusiones de la Fiscalía. «La declaración de D. D. J. es un despropósito. Está haciendo papel de persona frágil, débil... Eso se ha desmontado durante el juicio», ha recalcado el letrado de la acusación particular, que ha incidido en el no testimonio de los familiares de D. D. J.. «El hecho de que no declarasen ha servido para cubrirse las espaldas de ellos y han pedido perjudicar al acusado», ha añadido.

«Se ha intentado poner a F. J. M. G. como una persona que consumía. Era una persona normal y corriente, con amigos con los que salía de vez en cuando. No era traficante, toxicómano ni borracho. Era una persona a la que dejaron morir», ha concluido.

Por su parte, la defensa del acusado de asesinato explica su defensa, en la que solicita homicidio doloso o involuntario, a raíz de los atenuantes. «El mix de la discapacidad intelectual, el trastorno de la personalidad y la toxicidad de unas drogas y el síndrome de abstinencia de la cocaína son más que suficientes», ha afirmado el letrado.

La discapacidad se suma, según el abogado de D. D. J., que se ha declarado el autor confeso del disparo. «Ha reconocido los hechos. Tardó en declarar porque estuvo en el hospital y llegó al centro penitenciario con un problema de adición. En cuanto pudo, declaró», ha manifestado.

Sobre la tenencia ilícita de armas, el letrado ha expuesto que no se ha encontrado la pistola. «¿Tenemos claro que cogió la pistola de su casa o la cogió en la casa de la víctima?», pregunta la defensa.

Y de la pistola, al disparo. «Hubo una discusión. No hay dudas de que si dos personas se enzarzan pueden generarse posturas raras y eso propiciar una posición diferente en el disparo», ha añadido el abogado de la defensa, que entiende que no hay alevosía. «No fue un disparo en una zona vital. No se dio en la cabeza, corazón ni pulmón. Además, D. D. J. no se quedó tras el disparo. Hay llamadas concretas que lo acreditan.

Sobre los informes de residuos, el letrado ha incidido en los restos que se encontraron en la parte delantera de la ropa de la víctima. «Hay restos en la parte delantera. Hay que resaltar que los forenses dicen que la tesis más probable es que el orificio de entrada fue el dorso y el de salida, el abdomen», ha afirmado la defensa del acusado de asesinato, que destacó la colaboración de su cliente. «Se inculpó y dijo que había otros implicados. Sin su colaboración, no se sabría la verdad de los encubridores», ha concluido.

Y es que en este juicio también se está juzgando a C. S. A. y J. G. C. por un delito de encubrimiento al deshacerse del cadáver de F. J. M. G. en las aguas del Ebro. Los dos acusados reconocieron los hechos, por lo que las peticiones de la Fiscalía y acusación particular se redujeron a un año de cárcel. «Han escogido esclarecer los hechos. Mis representantes han buscado la verdad, reconociendo unos hechos que les perjudican», ha resumido el abogado de C. S. A. y J. G. C..

El jurado popular dará su veredicto previsiblemente esta semana.