El CSM de Miranda deberá readmitir a dos de las trabajadoras que denunciaron su despido

Y es que, cuando el pasado mes de octubre el CSM reabrió sus puertas al público —tras más de dos años clausurado con motivo de la pandemia del coronavirus—, lo hizo con una plantilla completamente renovada. La nueva empresa concesionaria no subrogaba a los trabajadores que durante dos décadas acompañaron a los usuarios de este servicio socio-comunitario, amparándose en la tardanza a la hora de adjudicar el nuevo contrato de gestión. Ya en octubre Izquierda Unida sugería ese posible retraso en la adjudicación del servicio y, ahora, los tribunales lo confirman.

Desde el Partido Popular lamentan «la ineficacia del equipo de gobierno por no sacar en tiempo y forma los nuevos pliegos para una nueva licitación que culminara en 2019 con un nuevo contrato del Centro Sociocultural de Mayores». Y es que, en ese contexto, la nueva empresa no habría tenido razón para evitar subrogar al personal y, por ende, el Ayuntamiento ahora no estaría condenado, en una de las dos sentencias emitidas, a subsanar los daños ocasionados de manera solidaria.

«Esto significa que si la empresa no puede hacer frente a la condena, el Ayuntamiento debe asumirla», puntualizaba Sergio Montoya, el candidato popular a la alcaldía de Miranda. Una situación que aún no se ha producido en tanto que la empresa adjudicataria, en lugar de optar por la indemnización, readmitirá a las dos trabajadoras.

Sin embargo, Montoya se mostraba preocupado debido a que «hay por lo menos dos personas más que denunciaron su despido como improcedente» y, a la espera de una sentencia firme, al Consistorio se le podrían exigir nuevas responsabilidades. Además, critica que la empresa deba enfrentarse a una problemática que no habría existido «si el equipo de gobierno hubiera hecho los deberes a tiempo». «¿Van a tener que despedir a los actuales trabajadores para readmitir a los anteriores?», se cuestionaba el candidato.

«Nuestra ciudad no puede permitirse el estar más de dos años con una adjudicación paralizada, lo cual ha desembocado en que el Centro haya estado cerrado casi dos años», condenan desde el Partido Popular que también señala al recorte presupuestario para la gestión del CSM. Finalmente, el servicio se ha contratado por 144.161,74 euros, es decir, por 16.703,92 euros menos del precio de licitación. «Nos tememos que ese recorte en la licitación puede influir tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de los trabajadores», concluyen.