El Ayuntamiento de Miranda sigue sin un Plan de Igualdad

Con el 8M como telón de fondo, los sindicatos de CCOO, CGT y CSIF denuncian que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro todavía no ha aprobado un Plan de Igualdad —procrastinado, según dicen, desde 2019— por la «falta de voluntad negociadora» del equipo de Gobierno. Es por eso por lo que la parte sindical de la comisión negociadora, «como no quiere ser partícipe de ninguna mascarada», critica que el Ayuntamiento reivindique el feminismo cara al público, pero que aún no disponga de un Plan de Igualdad que garantice la equidad laboral entre los empleados municipales y también entre el funcionariado.

Los sindicatos denuncian la ausencia de un diagnóstico concreto para con la situación del Consistorio en cuestiones de igualdad; factor que sería determinante para la elaboración de un Plan acorde al contexto específico en aras de paliar las posibles desigualdades todavía vigentes. Además, acusan haber reclamado datos que no se les han facilitado, por ejemplo, vinculados a los sueldos y al tiempo de conciliación dedicado por hombres y mujeres, «a pesar de que son públicos y no hay nada que esconder», señalan.

Por último, los sindicatos advierten del incumplimiento en el que estaría incurriendo el Ayuntamiento por no disponer de un Plan de Igualdad que ya sería obligatorio; una circunstancia que el equipo de Gobierno desmiente señalando al 13 de abril como fecha límite para la implementación del Plan. «El ayuntamiento no esta expuesto a multas de ningún tipo porque el Ayuntamiento está en plazo para la aprobación del Plan de Igualdad», señalaba el primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Adrián.

Sea como fuere, los sindicatos comparten su decepción para con la gestión de este asunto cuya resolución, tal vez, se produzca a golpe de mayoría absoluta, tal y como sugería el propio teniente de alcalde: «Según recoge el requerimiento efectuado por la Consejería de Empleo a través de la Inspección Provincial de Trabajo, en el caso de bloqueo en la negociación, corresponderá a los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones», puntualizaba Adrián.

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