Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han detenido, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería, a un individuo extracomunitario con Decreto de Expulsión de España.
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La expulsión estaba en vigor al contar con antecedentes policiales por violencia de género y robo con fuerza. Ha sido trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid a la espera de los trámites documentales para su efectiva expulsión de España.
Según la legislación, le espera una prohibición de entrada en territorio español y resto del espacio Schengen de entre 5 y 10 años.
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Por otra parte, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han llevado a cabo recientemente otras cinco inspecciones a diferentes establecimientos situados también en Miranda.
Se trata de actuaciones enmarcadas en el Convenio existente entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que coordina la acción operativa en materia de lucha contra el empleo irregular y la explotación laboral, así como el fraude a la Seguridad Social.
En febrero de este 2024 se encontraron a catorce empleados sin permiso de trabajo en una cadena hotelera en la provincia de Burgos.
En concreto, en el interior de un establecimiento de hostelería se identificó a un ciudadano extracomunitario, quien se encontraba trabajando de cocinero careciendo de Autorización de Residencia y Trabajo.
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En otra de las intervenciones, en este caso en un taller de vehículos, cuyo responsable ha sido sancionado ya en dos ocasiones previas por hechos similares, se localizó a otro ciudadano sin documentación que habilite a residir ni trabajar legalmente en España, quien en ese momento ejercía como mecánico en el interior del mismo.
A ambos extranjeros se les ha incoado expediente administrativo por estancia irregular, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería. Por su parte, los responsables de los establecimientos se enfrentan a infracciones muy graves previstas en la misma ley, con sanciones económicas que parten desde los 10.000 euros por cada trabajador ocupado.
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Los responsables policiales en la materia significan que este tipo de servicios persiguen erradicar la explotación Laboral, así como la defraudación a la Seguridad Social.
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