Valle de Tobalina solicitará compensación si tiene que acumular los residuos de Garoña de forma permanente

La decisión se ha tomado ante los retrasos que acumula la infraestructura, en la que se prevén guardar los residuos radioactivos derivados del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Pero también por los conflictos judiciales abiertos, y a la espera de contar con un nuevo plan estatal de gestión de residuos radioactivos, que se ajuste más a los criterios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González, ha asegurado que la noticia «es casi esperada», pues estaban viendo que el ATC se retrasaba demasiado. Lo que preocupa ahora es qué papel jugará el ATI de Valle de Tobalina, concebido como un almacén temporal con 32 contenedores, en los que se iba a despositar el combustible usado hasta su enfriamiento, para su poterior traslado a Villar de Cañas.

Por ese motivo, González insiste en que pedirán algún tipo de compensación, que no tiene por qué ser económica, ya que la presencia de residuos radioactivos frenará cualquier iniciativa de reactivación de la zona. La regidora ha recordado que se les «impuso» la central nuclear, nadie les preguntó si la querían; se escogió el lugar por ser un «emplazamiento óptimo» y solo quedó «amoldarse».

Ahora ocurre igual. El ATI es una decisión de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, y será ella la que determine cuál es el destino final del combustible de Garoña. Desde Nuclenor, la empresa propietaria de la nuclear, recuerdan que el combustible usado está ahora en la piscina de enfriamiento «en condiciones de seguridad».

Son 2.500 elementos que se tendrán que trasladar, en primer lugar, al ATI de Valle de Tobalina. Está construido desde 2017, pero Enresa todavía no ha enviado los contenedores de almacenamiento y transporte. A partir de ahí, Nuclenor queda a la espera de lo que mande la empresa nacional, aunque asegura que el ATI burgalés «tiene capacidad suficiente para albergar todo el combustible de Garoña en condiciones de seguridad».

Raquel González afirma que, a través de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nuclearse, se va a pelear por esa compensación, ahora que Garoña se cierra; de lo contrario, el plan de dinamización en el que están trabajando los 14 municipios del entorno, junto con los grupos de acción local y la Diputación, no servirá para mucho.

Mientras, la Junta de Castilla y León ha modificado la ley reguladora del impuesto autonómico sobre afección medioambiental para incluir un gravamen por almacenamiento de residuos temporales, que supondrá ingresos de 10 millones de euros para las arcas regionales. El objetivo es evitar, precisamente, que Burgos se convierta en un almacén permanente de los residuos de Garoña.

Por su parte, en Nuclenor están a la espera de que se tramite el plan de desmantelamiento de la central nuclear, de cuyo cierre se cumplirá el próximo 1 de agosto el primer aniversario. En la planta burgalesa se trabajar ahora en un proceso de acondicionamiento de los residuos. Los de baja y media intensidad se trasladan al cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba. Los de alta actividad se almacenan en la piscina, a la espera de su traslado al ATI.