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Seis organizaciones ecologistas se han unido para crear un frente jurídico de conservación de la Cordillera Cantábrica para evitar la «destrucción de las montañas cantábricas ante la avalancha de proyecto eólicos a gran escala», tal y como defienden los promotores. Y para ello han abierto una campaña de micromecenazgo que arrancó ayer y que ya acumula más de 5.200 euros.
Las entidades impulsoras del proyecto son la Mesa Eólica Merindades de Burgos, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos, la Plataforma Bierzo Aire Limpio y la Sociedade Galega de Ornitoloxía.
El proyecto, que lleva por título Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, cuenta con la participación de «un grupo de juristas con experiencia en derecho ambiental y urbanístico y la mayoría miembros de la Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)».
Será la plataforma 'Migranodearena' la que acoja esta campaña que se ha marcado como objetivo económico alcanzar los 40.500 euros, de los cuales casi un 80 por ciento estará destinado a acciones jurídicas, impulsadas por las entidades promotoras, a apoyos legales y técnicos a otras entidades, y a construir un portal web libre y gratuito con acceso a asesoramiento.
El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica pretende «recoger, atender y apoyar» las sensibilidades de las numerosas iniciativas locales surgidas en los últimos meses. Las entidades promotoras de la iniciativa destacan su compromiso con las energías renovables -principalmente a pequeña escala basadas en el autoconsumo o en la proximidad de los grandes polos de uso energético-, si bien apuntan a la actual «falta de planificación y ordenación territorial y a la nula sensibilidad ambiental que muestran muchos de los proyectos en tramitación en el norte de España, con iniciativas en entornos de enorme interés medioambiental y paisajístico»
Por ello, con este proyecto centrarán sus esfuerzos jurídicos en analizar los defectos en proyectos y en las normas sobre las que deben pivotar los mismos. En este sentido señalan que la situación que se viene produciendo en los últimos meses, resulta «muy preocupante» ante un panorama normativo en el que destaca la aprobación hace pocas semanas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o el actual estado de tramitación de la Ley de Camb
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