Piden doce años de inhabilitación para el alcalde de un pueblo de Burgos por una presunta prevaricación

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 29 de marzo 2025, 20:07

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El Ministerio Fiscal solicita una pena de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al actual alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, acusado de un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos se retrotraen al mes de marzo de 2017 cuando Serna era alcalde y, según relata el escrito, «consciente de la ausencia de procedimiento ni de resolución administrativa», pagó diversos cheques a varios ciudadanos de Villarcayo, sobre 'Ayudas al comercio para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales'. Serna continúa siendo alcalde de esta localidad burgalesa.

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En el escrito de Fiscalía se recoge que «ni él ni la nueva Junta de Gobierno Local habían adoptado» esta medida y Serna responsabilizó de ello al anterior equipo de Gobierno, cuando los denunciantes Miguel de Lucio y Lidia Isla estaban en ese grupo, a través de un «acuerdo inexistente que supuestamente figuraba en el acta de 22 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno Local del anterior equipo».

El Ministerio Público aclara que lo que existía era una «Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales en el municipio de Villarcayo que había sido aprobada en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo del 31 de Octubre de 2014, modificada en sesión posterior, y cuyo artículo 14 establecía que la competencia para resolver las solicitudes de subvención correspondía a la Alcaldía en el plazo de seis meses mediante resolución motivada en la propuesta de resolución» .

En su escrito, la fiscal estima que el acusado, «incumplió» el artículo 14 de la Ordenanza Municipal. Y lo hizo sin emitir «resolución administrativa motivada» sobre el derecho a recibir a la subvención, e «incumpliendo» otros requisitos de la Ordenanza sobre el gasto subvencionable.

Queda probado, según el testimonio del fiscal, que en marzo de 2017 firmó varios cheques en los que se pagaban diversas sumas a varios vecinos de la localidad, solicitantes de las subvenciones.