Entra vigor el impuesto autonómico que gravará los residuos de Garoña

La nueva norma prevé recaudar 15 millones de euros cada año para «compensar» a la ciudadanía por las cargas ambientales que debe soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central atómica.

Otro de los objetivos de este nuevo impuesto es evitar que los residuos de la central de Santa María de Garoña se queden en el territorio de Castilla y León de forma definitiva. Para ello, gravará el riesgo de alteración del medio ambiente derivado del combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales de la comunidad, para lo que ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de esos residuos en 6.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado.

La Junta de Castilla y León también ha defendido la «oportunidad» y la «necesidad» de hacer uso de la capacidad normativa de la Comunidad en materia tributaria para reforzar unos «ingresos públicos escasos» para poder invertir en la zona de influencia.

El impuesto al desmantelamiento de la central nuclear burgalesa surgió en agosto de 2017 después de conocerse la intención de la empresa propietaria, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, de no continuar con la actividad de las instalaciones alegando su inviabilidad económica.