La Junta grava los residuos nucleares de Garoña para acelerar su salida de la región

Así lo ha detallado hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha confiado en que el impuesto se apruebe cuanto antes en las Cortes para su aplicación, que es de «devengo inmediato».

La Junta ya tiene presupuestados esos 10 millones en sus cuentas para 2018 y al ser de devengo inmediato la totalidad la recaudación de este año se ingresaría en las arcas autonómicas si las Cortes aprobaran el proyecto antes del 31 de diciembre próximo.

La consejera ha detallado que nadie, ni siquiera Nuclenor, la propietaria de la planta nuclear de Garoña, que cerró en 2012, ha presentado alegaciones a este nuevo impuesto, cuya recaudación es finalista y se dirige a reactivar la zona burgalesa en la que está la planta.

El proyecto de ley modifica la que regula el impuesto autonómico sobre la afección medioambiental para introducir un «nuevo hecho imponible», el del almacenamiento temporal de residuos radiactivos, para que «estén el menor tiempo posible», ya que tienen una elevada vida, son «peligrosos» e inciden en

«Son residuos que tienen potencialidad para ser peligrosos, tienen una elevada vida útil, con consecuencias a largo plazo difíciles de predecir y cuantificar tanto para el medio ambiente como para la salud y hay un riesgo potencial de contaminación del agua el suelo y la atmósfera», ha referido la consejera al respecto de esas barras de material nuclear ya usado de la planta burgalesa.

El proyecto de ley fija la cuota tributaria en 4.000 euros por cada elementos de combustible gastado y almacenado, y en el caso de Garoña la aplicación de esa tarifa serían diez millones de euros anuales.

La consejera ha recordado que actualmente no existe en España un almacén para estos residuos y con este gravamen buscan «acelerar» la salida de los desechos de la Comunidad en el menor tiempo posible.