Fuerzas de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos han investigado en Las Merindades a X.H.M. (40) como presunto autor de los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a realizar la prueba de alcoholemia legalmente ... establecida.
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En la madrugada del pasado lunes 27 de julio se produjo un accidente de circulación en el kilómetro 38,950 de la carretera N-629, consistente en salida de vía por el margen izquierdo, en un tramo de vía caracterizado por una intersección regulada por una rotonda. El turismo, en el que viajaba únicamente su conductor, al llegar a esta rotonda, continuó en trayectoria rectilínea adentrándose en la misma y subiéndose a la zona restringida a la circulación donde chocó contra una señal vertical de tráfico.
A consecuencia del accidente resultaron daños materiales en el vehículo y elementos de la vía, si bien no hubo que lamentar lesiones en la personas.
Al pretender realizar la obligatoria prueba de alcoholemia mediante al aire espirado, X.H.M., que presentaba a simple vista evidentes síntomas de haber ingerido alcohol y de encontrarse bajo su influencia, se negó a realizarla, a pesar de los reiterados intentos de los agentes para que colaborara y la llevase a cabo.
Por esta negativa, y por encontrarse claramente influenciado por el alcohol durante la conducción, fue investigado, instruyéndose diligencias que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo.
La ingesta de bebidas alcohólicas así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.
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Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 € de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
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