Bruselas extiende a España la responsabilidad en la gestión de los residuos y desmantelamiento de Garoña

La Comisión Europea entiende que la planta nuclear no se va a reabrir. Y en la gestión de los residuos, Europa extiende la responsabilidad a los estados miembros, tal y como recoge la normativa de residuos de Euratom, es cierto que «con todas las garantías» marcadas en las directivas europeas. La Comisión «solo supervisará los niveles de radioactividad», remarcaba la eurodiputada responsable.

El eurodiputado Florent Marchesi se felicitó por el cierre de la planta, pero ahora llega el desmantelamiento «que puede resultar peligroso» y se tienen dos problemas: transparencia e información y la gestión de residuos. Pidió que la petición se quede abierta para reclamar más información.

En este sentido, la eurodiputada Marina Albiol llamó la atención de la falta de información e «improvisación» y extendió al resto de España la creación de «una comisión de investigación en materia de energía, y más en concreto la nuclear».

Asensio volvía a Bruselas, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para denunciar que «ninguna» de las empresas que operan en España y que se dedican al desmantelamiento de centrales nucleares «puede demostrar que cumple con el tratado Euratom en materia de manipulación de componentes radiactivos». Las empresas deben demostrar que pueden «crear, explotar y desmantelar de forma segura una instalación nuclear».

Asensio ha planteado esta tarde en la Comisión que en España las empresas energéticas «crean y explotan, pero no desmantelan y no lo han realizado nunca», esa parte queda reservada a Enresa, empresa pública, que se encarga del «trabajo sucio» y que en el caso de Garoña se está hablando de 480 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, para su desmantelamiento, todo «sin contar la gestión de residuos».

Asensio ha denunciado que, mientras los operadores de energía nuclear se dedican a «sacar beneficios del negocio nuclear», es el Estado quien asume el «desmantelamiento la responsabilidad y su coste».

Asensio ha expuesto que Europa «debería exigir inmediatamente el cumplimiento al Gobierno de España del Tratado Euratom» para salvaguardar las líneas generales de protección de las personas y el medio ambiente.

Asensio también se ha dirigido al Estado y le ha recordado que tal y como recoge el tratado de Euratom, «los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, exigen la contención y el aislamiento a largo plazo respecto a los seres humanos y el medio ambiente» y requiere adoptar medidas para la salud y el medio ambiente; unas medidas que incluyen el almacenamiento definitivo. El almacenamiento temporal de residuos, incluido el almacenamiento temporal a largo plazo, «es una solución provisional», y no una alternativa al almacenamiento definitivo.

El regidor ha advertido que en España ningún gobierno ha sido capaz de llevar adelante la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y los residuos actualmente se están depositando en los llamados Almacén Temporal Individualizado (ATI), en los alrededores de las mismas centrales nucleares.

En el caso de Garoña, «estarán expuestos a los agentes climáticos, al aire libre y cercanos al Ebro, por tiempo indefinido». En este sentido se incumple la Directiva 2009/71/EURATOM, sobre la obligación de existencia de almacenamiento temporal y definitivo, así como en referencia a la planificación, los plazos, la transparencia, los costes y el otorgamiento de licencias.

En opinión de Asensio, «es extremadamente urgente» determinar un plan de recuperación de la zona afectada. Merindades necesita un plan «basado en las energías limpias de un desarrollo sostenible y no la amenaza del 'fracking', de canteras y minas como el permiso ya en marcha en el mismo entorno de la Central Nuclear de Santa María de Garoña».