Los acusados por la ampliación del cementerio de Las Machorras niegan cualquier ilegalidad

La Fiscalía pide para todos los cargos públicos una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 8 y 16 años por prevaricación administrativa, mientras que la solicitud de pena se eleva en el caso del arquitecto a cuatro años de prisión por falsedad documental.

Todos ellos han negado, a preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, haber cometido los delitos que se les imputan. Es más, durante la primera de las jornadas en las que se ha dividido el juicio, han insistido en que todo el procedimiento se realizó de buena fe.

Según el alcalde pedáneo, todo el proceso de ampliación del cementerio arrancó a instancias de los propios vecinos. Básicamente, ha asegurado, «la gente se moría y no tenía sitio» para ser enterrada en el pueblo. Pero para ampliar el cementerio, cuya parcela está registrada a nombre del Arzobispado, hacía falta agregar parte de la parcela anexa, previamente adquirida por Ortiz.

Es en ese momento cuando empiezan los problemas. En el mes de agosto de 2013 comienza el acopio de materiales y los primeros trabajos de nivelado del terreno sin contar con proyecto de construcción, con el preceptivo permiso del departamento de Sanidad y sin haber procedido a segregar formalmente la parte de la parcela afectada por la ampliación. Cuestiones que, según ha afirmado Ortiz, desconocía que debían llevarse a cabo. No en vano, ha subrayado ante el tribunal, durante todos los años en los que ha sido alcalde pedáneo (desde 1999) se han acometido en Las Machorras multitud de obras para depósitos de agua sin necesidad de dichos trámites.

Sea como fuere, y aprovechando la celebración de un Pleno en Espinosa, donde Ortiz formaba parte también de la Junta de Gobierno, los concejales del PP mostraron su inquietud por el proyecto. «A raíz de que la cosa se empezaba a torcer», el alcalde pedáneo intentó «arreglar las cosas».

Sin embargo, los concejales 'populares' siguieron insistiendo en el tema, al considerar que las obras se estaban ejecutando sin los preceptivos permisos. Así, tiempo después registraron en el Consistorio espinosiego una instancia para paralizar los trabajos. Una instancia que se desestimó en Junta de Gobierno Local. Y se desestimó, según ha subrayado quien fuera alcalde municipal, porque el arquitecto municipal certificó en un informe que «no se estaba llevando a cabo ninguna obra».

A este respecto, el propio arquitecto ha insistido en su declaración en que el día que visitó la zona «no había nadie» ni vio movimiento más allá de un «acopio de material». «En aquel momento consideré que no se estaban realizando obras» y así lo planteó en el informe solicitado.

En base a ese informe, la Junta de Gobierno desestimó la instancia de los concejales del PP. «No procedía paralizar unas obras que no existían», ha subrayado el exalcalde de Espinosa, quien ha asegurado que en ese momento desconocía que se estuvieran desarrollando trabajos de nivelado.

Sea como fuere, el proceso continuó y, una segunda instancia de PP meses después derivó, esta vez sí, en un decreto de la Alcaldía mediante el que se paralizaban las obras. La diferencia es que, en esta ocasión, la secretaria municipal, que es «quien debe garantizar la legalidad» y hasta ese momento no se había pronunciado al respecto, sí informó recomendando la paralización de las obras.

A este respecto, los otros cuatro acusados han coincidido en apuntar hacia la secretaria, con quien existía «cierta tensión», según el arquitecto municipal y los representantes vecinales de Las Machorras. «Nunca ha asesorado» a la Junta Vecinal y todos los expedientes pasan por ella, han asegurado los acusados. Es más, según han afirmado, era ella quien daba cuenta de los expedientes en las Juntas de Gobierno y, en algunos casos, sólo vieron los documentos cuando la querella ya se había presentado y el asunto se había judicializado.