En marcha una campaña de concienciación y freno de la violencia machista

La apuesta del Gobierno de España en la Junta Local de Seguridad de este viernes es un despliegue de la Policía Nacional durante los cinco días del festival similar al del año pasado. «De tal manera -según Barcones-, que la gente que asiste tiene que saber que siempre va a haber un policía cerca, aunque no lo identifiquen como tal. Además, no debe faltarles en ningún caso atención sanitaria inmediata».

Es fundamental que la víctima denuncie cuanto antes mejor y, después, es también básica la coordinación. Una vez que se produzca el aviso o la denuncia, por parte de la policía se intentará delimitar el entorno en el que se ha producido el presunto delito para identificar al autor o autores.

Si la víctima decide acudir a cualquiera de los puestos sanitarios que habrá por los lugares de celebración del festival, «allí habrá un policía para hacer su trabajo», según la delegada.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad estarán muy pendientes del entorno del recinto de acampada. El dispositivo de la Policía Nacional se refuerza con otras unidades especializadas que se desplazarán a Aranda de Duero, por ejemplo, de intervención, de vigilancia del subsuelo y, como ya ocurriera el año pasado, una unidad especializada de policía a caballo que estará por las calles de la ciudad. Y habrá también helicóptero.

Muchos efectivos que se complementarán con los de la Guardia Civil que, además de la regulación y vigilancia del tráfico en las carreteras adyacentes, realizará controles preventivos en la entrada a Aranda de Duero para detectar sustancias estupefacientes o armas. Para facilitar esta tarea, la llegada de autobuses se centralizará en la estación de autobuses.

Se trata de una campaña genérica que «no se centra solo en la violencia sexual. Buscamos llegar fundamentalmente, al tratarse del verano, a núcleos de ocio donde hay una presencia mayoritaria de jóvenes«, ha señalado Barcones. Se circunscribe en tres escenarios: los grandes festivales, las fiestas de pueblos y ciudades y los lugares de ocio nocturno privado. 

«Sigue siendo fundamental -ha dicho-, concienciar contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, identificar y denunciar toda forma de violencia machista e informar sobre los distintos servicios de atención integral que las víctimas tienen a su disposición. De eso va la campaña 'Ser Libre. Estar Viva'».

Los datos avalan la necesidad de este tipo de campañas. En el último año se produjeron en Castilla y León 619 delitos contra la libertad sexual de los que 72 fueron agresiones sexuales con penetración. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 18% con respecto a 2021, lo cual, para la delegada del Gobierno, «tiene una interpretación no necesariamente negativa porque el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y que han denunciado lo sucedido en la Policía, la Guardia Civil o en el Juzgado no llegaba al 10 por ciento, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019».

Por eso, este incremento en el número de denuncias «quiero creer y creo que se debe a las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y en una reducción de los altos niveles de infradenuncia que se dan en la violencia sexual», ha concluido Barcones.

La campaña agosto tendrá en Castilla y León especial incidencia durante los meses de agosto y septiembre. Para la delegada «es fundamental informar sobre los recursos existentes para atender a las víctimas de toda forma de violencia machista en nuestra comunidad autónoma. Estos recursos, caracterizados por su capacidad de atención integral y especialización, tienen que ser puestos en marcha por todas las instituciones competentes. Es necesaria la cooperación institucional de todas las administraciones públicas».

Se va a poner en valor el 016, el Alercops, la asistencia jurídica gratuita, la atención psicológica, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la importancia de las redes de mujeres. «Y no podemos dejar de poner el acento en todas las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas de toda forma de violencia machista», ha indicado.

Los puntos violeta forman parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y suponen un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.

Con estos puntos violeta se intenta implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

Se ofrece herramientas para ello. Como una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista en el entorno, así como con recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.

Igualmente, diversos materiales como carteles y adhesivos que tienen como objetivo señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan.

Y, además, distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista: cualquier persona que lo utilice representará una puerta de acceso para las mujeres víctimas a los recursos que estas necesiten.

Los ayuntamientos cuentan desde hace cinco años con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y volverán a tener más fondos este año. En Castilla y León, han recibido 17,5 millones de euros desde 2018. Según Barcones, «ya hay camino andado en la sensibilización de la población ante un problema de primerísima magnitud para prevenir que ocurra».

Los criterios de actuación que se marcan ante una agresión sexual en fiestas son proteger a la persona agredida, respetar su opinión y sus deseos, cortar de raíz los rumores y preservar su identidad, coordinar a todas las instituciones que tienen que atender a esta persona y, por último, identificar al agresor para que las FCSE pueda ponerlo a disposición judicial. «Para todo ello, la colaboración ciudadana es imprescindible. Pero también es necesario que todos los servicios con competencias en estas actuaciones estén alerta», ha destacado la representante del Gobierno de España en Castilla y León.

Por supuesto, Guardia Civil y Policía Nacional, pero también el 112, los servicios sanitarios, psicólogos, los servicios de atención jurídica a la mujer, etc. En este punto, Barcones ha recordado que la comunidad autónoma de Castilla y León ha recibido este año 14 M€ del Gobierno de España para combatir la violencia contra la mujer.

Las medidas para atajar la violencia sexual en el marco del ocio relacionado con las fiestas de nuestros pueblos y ciudades pasan por la sensibilización (con materiales adecuados), por la coordinación entre todas las instituciones que participan en la protección de las mujeres, por la colaboración ciudadana y también por la presencia policial en un doble plano: uniformada y situada en lugares estratégicos, como medida disuasoria, pero también de forma discreta para detectar prácticas muy preocupantes.

En este punto, la delegada ha recordado el miedo que invadió todo el país el año pasado por culpa de los pinchazos y la sumisión química: «y si se genera ese miedo, incluso si luego no se puede sustanciar o demostrar que está ocurriendo realmente, ya sólo la sensación subjetiva de desconfianza atenta contra la mujer y es un freno a su libertad. Así que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta situación no vuelva a producirse, para que todas las mujeres se sientan protegidas además de estarlo».