Junta y Gobierno abren una negociación para resolver las «discrepancias» sobre el impuesto a Garoña 

Según consta en la disposición de la Consejería de la Presidencia publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado acordó iniciar negociaciones para resolver las «discrepancias» respecto a la modificación del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Para ello, se ha acordado crear un grupo de trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación la solución que proceda para resolver las citadas discrepancias.

El impuesto autonómico que gravará los residuos de la Central Nuclear de Garoña tras su cierre entró en vigor el pasado miércoles 21 de noviembre tras la aprobación de la norma el 31 de octubre en las Cortes con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos y con la abstención de Podemos y Grupo Mixto.

Esta norma prevé recaudar 15 millones de euros cada año -la Junta planteó inicialmente 10 millones que han pasado a 15 tras salir adelante una enmienda de Podemos- para «compensar» a la ciudadanía por las cargas ambientales que debe soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central atómica.

El impuesto al desmantelamiento de la central nuclear burgalesa surgió en agosto de 2017 después de conocerse la intención de la empresa propietaria, Nuclenor, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, de no continuar con la actividad de las instalaciones alegando su inviabilidad económica.

Otro de los objetivos de este nuevo impuesto autonómico es evitar que los residuos de la central de Santa María de Garoña se queden en el territorio de Castilla y León de forma definitiva. Para ello, gravará el riesgo de alteración del medioambiente derivado del combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales de la comunidad para lo que ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de esos residuos en 6.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado.