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La Junta de Castilla y León encargará la realización de un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Una «decisión estratégica» que ha comunicado el vicepresidente, Juan García-Gallardo, quien considera que con «suficiente voluntad política» es ... posible poner de nuevo en funcionamiento la nuclear en el año 2030.
García-Gallardo ha visitado este miércoles las instalaciones de Quintana Martín-Galíndez (Valle de Tobalina), y allí es donde ha hecho el anuncio, una semana después de que el Grupo Parlamentario Vox anunciase la presentación de una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León precisamente para instar a la Junta a la realización de este estudio de viabilidad.
Vox apuesta por la reapertura de Garoña como central de última generación, con la instalación de dos nuevos reactores SMR (Small Modular Reactor) en la península junto al Ebro. Se podría aprovechar parte de las instalaciones y el cableado de alta tensión, para así ahorrar en inversión y sobre todo en plazos, ha indicado el vicepresidente.
Juan García-Gallardo ha afirmado que «según los expertos» con los que trabaja la formación, es viable esta posibilidad, aun incluso cuando Garoña está en plena fase de desmantelamiento. Se encuentra parada desde 2012 por decisión de la propietaria, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola), que optó por desconectarla de la red eléctrica de manera unilateral.
Eso sí, el vicepresidente ha admitido que no será «fácil», la «construcción no será inmediata y requerirá todos los estudios medioambientales, técnicos, económicos, de impacto social». Sin embargo, García-Gallardo apela a pensar en las próximas generaciones y empezar a trabajar para que Castilla y León no sea dependiente energéticamente del exterior.
La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, lamenta la falta de compromiso de la Junta con la revitalización del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña que, en su opinión, han evidenciado el vicepresidente Juan García-Gallardo y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, en sendas visitas a la provincia esta mañana, «en las que no han anunciado ninguna inversión para la zona».
Al mismo tiempo, censura «el desconcierto que está generando a los habitantes de la provincia la descoordinación de los socios del Gobierno autonómico en sus manifestaciones sobre el futuro de esta planta, que cesó su actividad hace una década».
n ese sentido, exige al PP de Burgos «que aclare si comparte la apuesta de Vox por la reapertura de la central, en lugar de ponerse de perfil». La parlamentaria recuerda que el compromiso del PSOE con la reactivación de las zonas del área de influencia de la central es firme, «como ya demostró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y como está volviendo a hacer el actual Ejecutivo, con la apuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».
Peña considera las declaraciones del vicepresidente de la Junta en Garoña son «una burla a los burgaleses y a las burgalesas», por lo que pide al presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, una explicación sobre la postura de su formación que, como recuerda, «igual que Vox, vota en contra de que las familias de la comarca se beneficien de una rebaja en sus impuestos sobre el gas y la luz». Según señala, con su rechazo también al nuevo impuesto temporal a las grandes compañías energéticas y entidades financieras, «el Partido Popular se pone a favor de las eléctricas y las grandes empresas y en contra de las familias afectadas por el cierre de la central».
«Lo que no podemos decir a los españoles es que su soberanía energética va a depender únicamente del viento y el sol porque sabemos que no asegura el abastecimiento energético. Y la dependencia exterior «es completamente insostenible», ha indicado, sobre todo «teniendo fuentes de energías locales como puede ser una central nuclear y recursos naturales y mineros».
Igualmente, el vicepresidente ha defendido que Garoña «proporcionó energía limpia, abundante y barata a toda España» y «tuvo un empleo directo e indirecto importantísimo en el Valle de Tobalina». Y que la reapertura de la nuclear burgalesa serviría de «ejemplo» para todos los demás y se resolvería «a largo plazo la nefasta política energética seguida por el PSOE y secundada, en algunas ocasiones, por el PP».
Precisamente, el 'popular' Carlos Fernández-Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, aseveraba esta mañana que «a mí no me corresponde realizar la decisión ni la inversión porque el riesgo lo asume la empresa». Horas antes de la visita del vicepresidente a Garoña, el consejero insistía en que «son decisiones que tienen que valorar los que arriesgan» y ellos deben «examinar la rentabilidad de los proyectos».
Las empresas, en este caso Nuclenor, son las que tienen que hacer las propuestas, y luego «la misión de la Administración Pública es estar ahí y dar trámite a esas propuestas y proyectos que en hipótesis nos pudieran plantear». Pero Fernández-Carriedo ha insistido en que la reapertura de Garoña es una decisión empresarial.
Respondía así cuando se le preguntaba por la petición de Vox de que fuera la Junta la que realizase un estudio de viabilidad, aseverando que «tienen que ser los promotores». Eso sí, recordaba que el Gobierno autonómico aboga por las inversiones en energía nuclear, por el alargamiento de los plazos y, si los inversores tienen proyectos, «las administraciones públicas no debemos tener ningún prejuicio previo desde el punto de vista ideológico».
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