La Junta y la Diputación de Álava estrechan lazos para complementar los acuerdos de Treviño

De hecho, el encuentro se ha celebrado a raíz de la firma meses atrás del Acuerdo Marco entre las diputaciones de Álava y Burgos, un acuerdo que poco a poco ha comenzado a desarrollarse a través de la redacción de diferentes convenios sectoriales destinados a garantizar una adecuada prestación de determinados servicios a la población del enclave de Treviño y, en algunas materias, también a otras zonas limítrofes de ambas provincias.

En la reunión mantenida en el día de hoy se han analizado siete convenios específicos de colaboración en distintas materias que tienen previsto firmar las dos diputaciones y que recientemente han sido remitidos por la Diputación de Burgos a la Junta de Castilla y León. Estas áreas concretas tienen que ver con servicios sociales, mujer, cultura, patrimonio, protección civil y juventud, entre otros.

Por parte de la Junta de Castilla y León se ha dado traslado a la Consejería afectada para que evalúe que su contenido no invade o interfiere en competencias de la Administración Autonómica o si bien le corresponde a ésta la función de coordinación.

Teniendo en cuenta que ambas administraciones comparten el interés por el bienestar de los ciudadanos y que existen determinadas materias que, siendo competencia de la Diputación de Álava, por su peculiaridad foral, afectan a competencias propias de la Administración de la Comunidad Autónoma, las dos instituciones se han comprometido a avanzar en esta línea y estudiar vías de colaboración concretas en materia de interés común como carreteras y transportes, medio ambiente y gestión de parques naturales, agricultura o gestión de agua.

En este sentido, la Diputación se ha comprometido a estudiar los proyectos concretos en los que puede surgir dicha colaboración, con el fin de avanzar en la posible suscripción de acuerdos o protocolos que den respuesta a esa necesidad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León y la Diputación Foral de Ávila han planteado la necesidad de establecer acuerdos o convenidos entre las dos instituciones con la participación del Gobierno Vasco, ampliando de esta forma el actual Protocolo General de Colaboración entre ambas comunidades. Un protocolo que, según recuerdan desde la Junta, se firmó el 23 de enero de 2012, durante el gobierno de Patxi López.

Entre los compromisos recogidos en este protocolo se encuentran, entre otros, mantener la colaboración en asistencia sanitaria y en atención a menores infractores; facilitar la integración y el intercambio en los programas para mayores puestos en marcha por ambas comunidades; procurar los medios y servicios que permitan conciliar el trabajo de las personas con la necesaria atención a los miembros de su familia; buscar fórmulas de colaboración para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social; o la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

En virtud de este protocolo, a lo largo de 2016, un total de 4.000 pacientes han sido atendidos en atención especializada en un hospital del País Vasco, se han intercambiado 1.800 llamadas del 1-1-2 y 22 familias del País Vasco han sido atendidas en el Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Castilla y León.