La Junta destinará 37,5 millones a rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de los edificios en Burgos

De esta forma, recordó los aspectos más importantes de estas dos líneas de subvenciones, que se convocaron el pasado 7 de julio, que proceden de los fondos Next Generation y están canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ambas convocatorias tienen por objeto financiar obras o actuaciones con las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, en el primer caso de edificios (tanto residenciales colectivos como unifamiliares) y en el segundo de viviendas (unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares).

En el caso de los edificios, se deben cumplir simultáneamente dos condiciones para que se les conceda la subvención. Por un lado, reducir el consumo de energía no renovable en, al menos un 30 por ciento y la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en, al menos, un 35 por ciento. Estos porcentajes, en la línea de ayuda a viviendas, son también de un 30 por ciento de reducción del consumo y de un 7 por ciento en el de la demanda. Asimismo, remarcó que «en ningún caso serán subvencionables actuaciones de inversiones en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil».

Ambas convocatorias podrán subvencionar actuaciones iniciadas con fecha posterior al 1 de febrero de 2020, y cada una de las convocatorias cuenta con un presupuesto de 18.787.773 millones de euros, lo que arroja un total de 37.575.546 euros. Estas cuantías podrán ser objeto de ampliación hasta un máximo de 97 millones de euros, tal y como señaló Saiz. El plazo para la presentación de ambas convocatorias finalizará el 30 de junio de 2023 y se podrán subvencionar actuaciones iniciadas en fecha posterior al 1 de febrero de 2020.

Las cuantías de las ayudas oscilarán, en función del ahorro energético conseguido, entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda en la convocatoria de edificios, previéndose su posible ampliación hasta un máximo de 26.750 euros por vivienda en los supuestos de vulnerabilidad económica del beneficiario (unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 IPREM o de 2.5 o 3 IPREM con dos o más de dos menores o personas con discapacidad). Se trata de la ayuda «más importante» en materia de viviendas y edificios, tal y como destacó el consejero, pese a que siempre ha habido ayudas a la eficiencia energética.

«En la convocatoria de vivienda hay un solo límite», señaló el delegado territorial, indicando que el importe máximo de la subvención será del 40 por ciento del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda. Asimismo, remarcó que ambas convocatorias comparten su régimen de resolución, y no se regirán por concurrencia competitiva, sino que ambas se irán resolviendo en riguroso orden de entrada de las solicitudes, hasta el agotamiento del crédito disponible y sus eventuales ampliaciones.

El plazo para ejecutar las actuaciones subvencionables en la convocatoria de edificios es de 26 meses desde que se concede la ayuda o 28 meses cuando los edificios o actuaciones que afecten a más de 40 viviendas, ambos contados desde la fecha de concesión de la ayuda. Asimismo, para completar el plazo de ejecución de las actuaciones en la convocatoria de viviendas no podrá exceder de 12 meses.

En el caso de la forma de presentación, el delegado explicó que las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse con las administraciones públicas, podrán presentarlo de forma presencial en cualquiera de los registros, pero aconsejan hacerlo «preferentemente» de forma electrónica mediante un formulario en la página web www.tramitacastillayleonjcyl.es.

Recordó así que en la convocatoria de viviendas, los beneficiarios deberán ser «obligatoriamente» personas físicas, propietarias, arrendatarias o usufructuarias; mientras en la convocatoria de edificios podrán ser además personas físicas, propietarias o usufructuarias de vivienda unifamiliar, aislada o agrupada. Podrán ser también las comunidades de propietarios, las personas jurídicas de naturaleza privada, empresas arrendatarias , concesionarias de edificios y cooperativas, las corporaciones locales propietarias de los inmuebles y propietarios agrupados. En ambas convocatorias se prevé la figura de una gente o gestor de la rehabilitación.

En este sentido señaló que está previsto organizar a partir de septiembre una serie de jornadas informativas en cada una de las provincias de Castilla y León, «en la que participará personal de la dirección general de vivienda, junto con colegios de administradores, entidades de este tipo, que suelen tener y tienen una relación directa con las comunidades de propietarios», dijo.

Durante su comparecencia ante los medios, el delegado hizo alusión también al denominado programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio, que no requieren la elaboración de una previa convocatoria pública y serán objeto de «próximos acuerdos con el Ministerio y los municipios que presenten la documentación adaptada a la normativa». Así explicó que para estos programas se dispone inicialmente de un crédito de 18.787.773 euros, ampliables hasta 48,4 millones de euros.

Recordó también que el pasado 29 de julio se convocó el bono de alquiler joven, que supondrá una ayuda de 250 euros mensuales, hasta un máximo de 6.00 euros y cuya convocatoria cuenta con un presupuesto de 21,6 millones de euros. Asimismo destacó que el plazo de solicitud empezará el próximo 1 de septiembre y finalizará el 30 de noviembre de este año.

Por último, hizo referencia también al acuerdo que se está firmando con el Gobierno del país para impulsar un Plan de Vivienda, con el que se busca incrementar el parque público de alquiler, facilitar ayudas al pago de la renta y mejorar la accesibilidad de viviendas. El importe total de este convenio es de 101,6 millones de euros, de los cuales el Ministerio aporta casi 78 millones y la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 23, 7 millones restantes, y tendrá una vigencia de cuatro años.