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La Guardia Civil ha investigado a FJOP, de 58 años, como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 9 de agosto. Se quemaron 35,5 hectáreas arbolado en un monte de utilidad pública y una finca de cereal en el ... término municipal de Los Altos, todo ello dentro del Espacio Natural Protegido Las Hoces del Río Ebro y Rudrón. La investigación apunta a una imprudencia grave.
El incendio se desencadenó a las tres de la tarde pero estuvo activo durante dos días,favorecido por la sequía y el abundante combustible natural acumulado en el monte. Fue controlado y apagado en su totalidad a las 17:30 horas del 11 de agosto, y según la investigación realizada se originó en uno de los apoyos de una línea de alta tensión.
Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León y del SEPRONA de la Guardia Civil se trasladaron al paraje y conjuntamente practicaron la correspondiente inspección técnico ocular, perimetraron el área de afección y recabaron toda clase de vestigios e indicios para concretar el origen del fuego y conocer las causas que lo motivaron.
Los informes han sido concluyentes: el incendio tuvo su origen en uno de los apoyos de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico 'La Mesa'. Dicha línea de alta tensión pudo sufrir una avería motivada por un fallo entre los conductores y la propia torreta, debido a la falta de mantenimiento.
Algunas partículas incandescentes cayeron sobre el terreno, que a su vez carecía del obligado estado de limpieza y desbroce, prendiendo sobre la maleza y la masa forestal colindante, propagándose por el entorno y avanzando debido en parte al abundante combustible natural, explica la Guardia Civil en una nota de prensa.
La empresa responsable del mantenimiento de esta línea eléctrica había omitido la inspección periódica obligatoria, y no era la primera vez que sufría este tipo de averías, ya que en 2019 ocasionó otro incendio en la misma zona. El responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
Para los que 'incendiaren montes o masas forestales', el Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden conllevar prisión de 5 años y multa de 18 meses, que pueden agravarse hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.
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