Aprobado el desmantelamiento del campo petrolífero de Ayoluengo

Así, con carácter de urgencia se realizará un diagnóstico del estado actual de las instalaciones, que probablemente se encomendará a Tragsa, y se actualizará el plan de abandono, que la concesionaria ha dejado sin aplicar, según indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En octubre de 2021, se declaró el concurso de acreedores de CPS, acordando la suspensión de las facultades de administración y disposición por la administración concursal. La empresa que explotaba el yacimiento ya recibió en 2018 la notificación del Gobierno de España para iniciar su desmantelamiento, tras no volverse a licitar la concesión.

Un año antes, el anterior Gobierno del PP ya denegó la prórroga para el yacimiento al haber transcurrido el límite temporal previsto, por lo que la caducidad de la concesión tendría lugar el 31 de enero de ese año, fecha a partir de la cual la concesionaria debería desmantelar las instalaciones y mantenerlas en condiciones seguras hasta que tal desmantelamiento fue definitivo.

Para denegar esa prórroga, tras cumplir 50 años de explotación de la concesión, el entonces Ministerio de Energía se basó en los informes negativos de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado.

La producción del yacimiento de La Lora tenía un peso residual en la demanda nacional, destinándose principalmente a la quema industrial en la zona y la concesión de explotación de hidrocarburos de La Lora fue adjudicada en 1966 a Campsa, Calspain y Texaco y estuvo vigente durante medio siglo.