EFE
Madrid
Martes, 13 de noviembre 2018, 14:38
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha pedido un debate «franco, directo y valiente» sobre cómo financiar las infraestructuras en el futuro y ha señalado que en aquellas en las que se va a levantar el peaje no va a ... haber una gestión privada.
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Durante su intervención en el Senado ha abogado por abrir una reflexión por parte del Congreso y del Senado, en la sociedad, con los sindicatos, empresarios y con el sector sobre cómo financiar las infraestructuras que permita concluir qué hacer y cómo internacionalizar los costes de las mismas, entre ellos los medioambientales.
Asimismo, ha recordado que las autopistas de peaje cuya concesión acaba en esta legislatura (AP-1 entre Burgos y Armiñón); AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) no se van a prorrogar «por una razón de justicia» y al entender que los usuarios han pagado «durante muchísimos años» la construcción de estas autopistas.
Concentración en Fomento
Trabajadores de la autopista AP-1 se concentran a las puertas del Ministerio de Fomento para pedir que se clarifique el personal que será subrogado en la actividad de conservación y seguridad una vez que la autopista sea libre de peaje al finalizar su concesión, que termina el 30 de noviembre.
Tras el anuncio de levantar el peaje de la autopista AP-1 (Burgos-Armiñón), cuya concesión está actualmente en manos de Europistas, la empresa ha instado un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla, unos 120 empleos, que debe estar resuelto el 15 de noviembre.
Los representantes de los trabajadores reclaman a Fomento el mantenimiento del empleo a través de la subrogación en las tareas de conservación, vialidad y seguridad de la vía, ya exenta de peaje, y advierten de que esta situación es una «auténtica imprudencia» de cara al periodo invernal y la consecuente climatología adversa que suele afectar a este tramo de la AP-1.
En este sentido, UGT sostiene que en la contrata que suceda a Europistas es una obligación impuesta por vía legal, convencional y, también, «ex pliegos» pero subraya que, en este caso, y a pesar de las fechas, no es posible porque el contrato de conservación integral no existe.
«Por razones de justicia no se van a prorrogar estas concesiones y no van a ser gestionadas por ninguna empresa, se van a levantar los peajes. Es una decisión clara y contundente», ha apuntado el «número dos» de Fomento.
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