Fomento estima en 7,2 milones de euros el coste de la AP-1 en 2019 tras su liberalización

Ábalos ha explicado que el Gobierno apostará por un modelo de conservación integral para la autopista de peaje AP-1 mediante un contrato cuya licitación ya tiene los pliegos aprobados y que se ha autorizado este viernes en el Consejo de Ministros. El contraro, que saldrá por 27 millones de euros, incluirán la demolición de las playas de peaje para dar continuidad a la carretera y otras actuaciones de adaptación de las instalaciones, para adecuar la autopista a sus nuevas características de vía libre, informa el PSOE.

El titular de Fomento señala que la nueva situación de la AP-1 producirá un aumento de los costes que destina el Ministerio de Fomento a la conservación de la red, estimados en 5,8 millones de euros en gastos de conservación ordinaria para los años 2019, 2020 y 2021. A esto se suman 1,4 millones para la adaptación de las instalaciones el próximo año. Así, según ha adelantado Ábalos, se han estimado unos costes de 7,2 millones de euros en 2019 y 5,8 en los sucesivos ejercicios.

En su comparecencia, el ministro ha avanzado también que el Gobierno se ha dirigido a los responsables de los gobiernos autonómicos que, como el de Castilla y León, están afectados por los tramos de autopistas cuyas concesiones finalizan en la presente legislatura. El objetivo es garantizar la prestación del servicio viario en condiciones óptimas tras su liberalización.

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, ha expresado su satisfacción por la «disposición al diálogo y la sensibilidad» del nuevo ministro de Fomento. A esa actitud atribuye la posibilidad de subrogación que el secretario general de Infraestucturas, Javier Izquierdo, ha ofrecido, a petición del PSOE de Burgos, a los representantes del comité de empresa de la actual concesionaria de la AP-1 en una reunión que han mantenido esta mañana.

Además, Izquierdo ha anunciado una reunión tras la licitación del contrato de mantenimiento de la autopista entre técnicos del Ministerio de Fomento y representantes de la plantilla de la actual concesionaria para analizar el caso de los 120 trabajadores de manera individual.

«No solo se incluirá la posibilidad de subrogar contratos. El objetivo es minimizar el impacto sobre el empleo en la medida de lo posible, por lo que se estudiarán también prejubilaciones y posibles readaptaciones de puestos de trabajo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de los peajes», señala Peña.