La Fiscalía pide 3 años de prisión para la ex alcaldesa pedánea de La Parte de Bureba por un delito de malversación

Los hechos se remontan al año 2010, cuando Ana Belén Pérez Soto firmó un contrato con otro de los acusados, que actuaba en representación de Construcciones Herroal S.L., por importe de 49.956 euros, con el fin de ejecutar las obras de sondeo para el abastecimiento de agua e impulsión al depósito. El director de obra, el contratista y la ex alcaldesa pedánea firmaron el acta de recepción de obra, según la Fiscalía, «a sabiendas de que solo se había llegado a ejecutar el punto I de la memoria valorada que ascendía a 17.868 euros».

Aún así, el contratista emitió una factura por 49.956 euros, cantidad que correspondía a la ayuda entregada por la Diputación por el Plan de Sequía 2009. La exalcaldesa ordenó dos pagos por valor total de 36.772 euros. «Ambos lo hacen con absoluto conocimiento de que las cantidades satisfechas no correspondían con el volumen de la obra realizada», apunta la Fiscalía de Burgos.

Un caso similar ocurrió con las obras para la Casa Consistorial, también de ayudas de Diputación de Burgos. La exalcadesa firmó un contrato nuevamente, y también en 2010, con el mismo contratista, de Construcciones Herroal S.L., por un importe de 20.000 euros. En este caso, un técnico, el director de obra y la exregidora pedánea firmaron el acta de recepción de obra «a sabiendas» de que solo se había llevado a cabo el capítulo I del presupuesto que ascendía a 1.596 euros.

En cambio, Construcciones Herroal emitió una factura por valor de 20.344 euros y de nuevo Ana Belén Pérez Soto dictó orden de pago por valor de 12.800 euros, de los cuales 6.100 euros fueron en concepto de la obra de la Casa Consistorial. Ambos lo hacen «con absoluto conocimiento de que las cantidades satisfechas no correspondían con el volumen de la obra realizada», vuelve a señalar al Fiscalía.

Por ello, la Fiscalía le imputa un delito de falsedad en certificación, con un delito continuado de prevaricación. Igualmente, se le acusa de un delito de malversación de caudales públicos, pues siendo presidenta de la Junta Vecinal de La Parte de Bureba, «y con ánimo de enriquedimiento ilícito», transfería cantidades de dinero desde las cuentas de las que era titular como presidenta de la Junta Vecinal a una cuenta bancaria titularidad de una asociación deportiva y cultural. En esta cuenta bancaria la acusada también estaba autorizada.

La Fiscalía apunta que, después de transferir estas cantidades, ella misma se apropiaba de estas mediante el cobro de cheques al portador. Así lo hizo en cinco ocasiones por un montante total de 19.000 euros. De ahí que la Fiscalía pida también que la exregidora restituya a la Junta Vecinal la cantidad indebidamente apropiada.

Para el resto de implicados, la Fiscalía pide penas de inhabilitación especial por y, en el caso del constructor, que devuelva las cuantías indebidamente cobradas.