El exalcalde de San LLorente de la Vega se enfrenta a 3 años de prisión por un delito de malversación

La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el actual regidor, que llegó con las elecciones municipales de 2015. Hasta entonces había estado en el cargo Francisco Javier Rodríguez, como recuperda el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, en el que se asegura también que se han detectado ciertas irregularidades en la gestión municipal, por la que el exregidor se habría «excedido» en el ejercicio de sus funciones.

En concreto, la Fiscalía ha investigado la contratación de una empresa para la organización de las fiestas en 2007 y 2008. El primer año, la contratación se realizó sin que mediara documento alguno ni acuerdo de Junta de Gobierno, y se abonó una factura de 8.000 euros. También se realizaron dos pagos más de 3.000 y 6.000 euros, respectivamente, a favor de la empresa sin que conste factura de los mismos.

Un año más tarde, se volvió a contratar a la misma empresa, en esta ocasión por acuerdo de pleno, y se le pagaron 12.000 euros, que salieron de un préstamo personal del alcalde, pues el Ayuntamiento carecía de recursos para afrontar el pago. En la devolución del dinero, de las arcas municipales salieron más de 27.000 euros, según apunta la Fiscalía en su escrito.

También se han investigado los pagos pendientes la coto de caza, entre 1999 y 2014, que ascenderían a más de 6 millones de euros, y el cobro de una subvención de 86.000 euros, procedente de la Junta de Castilla y León. Se concedió para mejoras en infraestructuras turísticas pero no se utilizó para ello, así que se ha exigido su devolución, pero sin éxito.

A juicio del Ministerio Fiscal, el exalcalde tomó todas estas decisiones de manera «arbitraria», excediéndose en el ejercicio de sus funciones y causando un importante perjuicio al municipio. Por ese motivo, se le acusa de un delito de malversación, por el que se piden 3 años de prisión y ocho de inhabilitación especial para cargo público, y otro delito de prevaricación, para el que se piden 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El juicio se celebrará este mes de enero.