Eutanasia en Burgos: «La persona que pide la ayuda tiene que decir sí cuatro veces»

La ley de la eutanasia se aprobó el 24 de marzo de 2021 y entró en vigor el 25 de junio de ese mismo año, sin embargo, y a pesar de que lleva más de tres años vigente, sigue inmersa en el oscurantismo y la opacidad de algunas instituciones. La Junta de Castilla y León es una de ellas. Desde BURGOSconecta se ha solicitado en varias ocasiones información sobre las solicitudes de eutanasia y la cifra de las practicadas en Burgos y la respuesta ha sido el silencio, porque desde la Consejería de Sanidad no se han pronunciado (ni para dar los datos ni para negarlos).

Pero los medios de comunicación, este y otros, no son los únicos afectados por el oscurantismo con el que la Junta trata la eutanasia. Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) también denuncian la escasez en los datos: «Es obligatorio que las Comisiones de Garantía y Evaluación publiquen cada año un informe sobre la eutanasia, pero en Castilla y León no han publicado ninguno».

«Hay datos de 2021 y 2022 de Castilla y León, pero los pocos que se pueden desagregar del informe que publica el Ministerio de Sanidad», lamenta Elisa Casas, de Derecho a Morir Dignamente Castilla y León. La ley dice que «las Comisiones de Garantía y Evaluación de cada comunidad tienen que hacer público un informe anual. Deben hacerlo público y remitirselo al Ministerio de Sanidad que, con los datos de todas las comunidades autónomas, está obligado también a hacer público un informe anual sobre la eutanasia», resume Casas.

En la página web del Ministerio de Sanidad se pueden encontrar datos hasta el año 2022, el informe de 2023 «aún no está publicado». Hace unos meses «se cumplían los tres años y se ofrecieron datos en junio muy globales, pero el informe no está publicado», insiste.

El primer intento de este periódico por conocer las cifras de solicitudes en Burgos data del 29 de marzo de 2022, cuando la ley cumplía dos años. En ese momento la respuesta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos fue que informaban «desde la Consejería de Sanidad que los datos de eutanasia no se provincializan y que se dan cada seis meses». «Los últimos han salido al final del mes de enero: 7 peticiones tramitadas y 2 realizadas», finalizaba el correo electrónico.

A finales de agosto de 2024 se volvieron a solicitar los datos, de nuevo vía Delegación Territorial, que, en esta ocasión, y a principios de septiembre, remitió directamente a la Consejería para solicitarlos. El 2 de septiembre se pidieron estos datos a la Consejería de Sanidad. El 7 de octubre se reclamaron por segunda vez. El silencio ha sido la respuesta en ambas ocasiones. Pero no solo la prensa tiene problemas para acceder a los datos, también los pacientes se encuentran con numerosos obstáculos para poder solicitar la eutanasia.

«En la asociación estamos bastante descontentos con cómo se está practicando la eutanasia en Castilla y León. El procedimiento, que se denomina garantista es muy burocrático, la persona que pide la ayuda tiene que decir sí cuatro veces», lamentan de nuevo desde DMD. «El paciente presenta una primera solicitud y encontramos los primeros problemas. La ley dice que se presenta ante personal sanitario, puede ser médico, enfermero, etc. Te encuentras que hay objetores de conciencia y puede ser también que el sanitario en cuestión se haga el loco y tengas que estar reclamando para que alguien te recoja la solicitud», denuncian.

Si todo va bien, el personal sanitario que recoge esta solicitud debe firmarla y entregar una copia al paciente. Después, se evalúa si la persona cumple con los requisitos que establece la ley y si considera que se cumple comienza con la persona solicitante «lo que la ley llama un proceso deliberativo». Esto consiste en que el médico le tiene que contar al paciente «qué patología padece, las posibles alternativas de tratamiento que tiene y si existen cuidados paliativos, los riesgos, etc». «Esto se lo tiene que facilitar también por escrito», explican desde DMD.

Entre la primera solicitud y la segunda el paciente tiene que esperar, al menos, 15 días. La segunda solicitud se dirige «al médico que ha aceptado la solicitud, que pasa a convertirse en el médico responsable y este debe finalizar el proceso deliberativo y resolver las cuestiones de la persona que ha solicitado la prestación». «Debe preguntarle si quiere continuar y si la persona dice que sí (por tercera vez) el médico le facilita el documento de consentimiento informado para firmarlo», indica Elisa.

Pero, además, el médico responsable tiene que haber buscado lo que la ley llama «el médico consultor». «Es el siguiente profesional médico que va a intervenir y evaluar la prestación. Este médico no hace falta que sea especialista, pero sí debe ser conocedor de la patología principal que motiva la solicitud. Para hacer el informe consulta la historia clínica del paciente y se entrevista con él», continúa relatando.

Si el médico responsable considera que reúne los requisitos y el médico consultor también, el expediente pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación que es un órgano colegiado que está contemplado en la ley y que cada comunidad autónoma tiene la suya. «Tiene que estar formado por personal de medicina, de enfermería y juristas. En Castilla y León creo que también hay algún trabajador social y algún psicólogo clínico», explica. Esta comisión se forma por tres años, en este momento ese periodo «ha concluido» pero «no se ha renovado y siguen las mismas personas».

««El presidente de la comisión se jubiló y su lugar lo ocupa el vicepresidente, que se ha manifestado públicamente en contra de la eutanasia», lamenta. Por eso tenemos tantos problemas en Castilla y León», indican desde DMD. Esta comisión de garantía debe elaborar el tercer informe necesario para que se reconozca el derecho a la eutanasia. De entre todos los miembros, el presidente elige a un jurista y a un médico y estos se encargan de valorar el trabajo del médico responsable y el médico consultor y verifican los informes. «Pero verificar significa comprobar que esté todo bien, no suplantar y sustituir la opinión de esos médicos», aclaran.

Si el informe que emiten es favorable la prestación «está reconocida» y se puede realizar cuando el médico se ponga en contacto con su equipo y tomen la decisión junto al paciente de llevarlo a cabo en su casa, en el hospital o donde decidan. «Si quiere donar los órganos se hace en el hospital con todo el protocolo preparado», indica.

El problema reside cuando los informes no son favorables. El paciente puede reclamar si el médico responsable o el médico consultor hacen un informe desfavorable, también puede hacerlo si el informe desfavorable lo elabora la dupla elegida por la comisión. «En este caso se reclama al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación», lo evalúan en su conjunto y se resuelve. Si la nueva evaluación es positiva, se autoriza la prestación, si no, el paciente puede acudir a la vía judicial. Un proceso tan complicado como conseguir datos referentes a la prestación del servicio en Castilla y León.

La ley establece que solo pueden acceder a la eutanasia quienes padezcan una enfermedad grave incurable o un sufrimiento intolerable. Sin embargo, desde DMD critican que «todo lo que dice la ley en la práctica es un campo minado, porque presentar las solicitudes es muy difícil».

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