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Esther Peña, secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, critica el «ánimo de confundir a la opinión pública del Partido Popular», al que acusa de anteponer el interés privado al público. Según afirma, los populares «pretendían rescatar autopistas quebradas con dinero público ... para devolverles después la gestión a las empresas privadas, una auténtica vergüenza».
La socialista insiste que esa es la auténtica razón por la que el PP está intentando sembrar dudas sobre la gratuidad del peaje de la AP-1, que se eliminará a partir del 1 de diciembre. «El Gobierno del Partido Popular había preparado todo para seguir cobrando por circular por esta vía, digan lo que digan sus representantes, que nunca se atrevieron a hablar de la gratuidad», mientras añade que «frente a la política ceniza e inoperante del PP en Burgos, el día 1 es un día de fiesta para nuestra provincia y para muchos de los vecinos que han luchado durante tantos años para que un Gobierno se comprometiera con la libre circulación y redujera la siniestralidad».
Peña expone otra razón que refuerza la opinión de que los populares no contemplaban la libre circulación más allá del final de su concesión: «No hicieron nada para activar los procesos administrativos para garantizar el mantenimiento y conservación de la vía entre Burgos y Armiñón a partir de entonces, por lo que el Gobierno está ultimando un acuerdo de emergencia con Itínere para que se encargue de estas tareas durante un periodo de seis meses atendiendo a la vialidad invernal».
El Partido Popular, según ha señalado el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos se ha quedado solo en su rechazo a la convalidación del Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y que redundará «en beneficio del interés público», según ha recalcado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Esta modificación recoge que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas.
Del mismo modo, recoge la tipificación de una nueva infracción muy grave para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y además concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente. Par ilustrarla, el ministro recordó los miles de conductores que quedaron atrapados el pasado mes de enero en la autopista AP-6.
El Partido Popular, según ha señalado el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha quedado solo en su rechazo a la convalidación del Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y que redundará «en beneficio del interés público».
Esta modificación recoge que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas.
Del mismo modo, recoge la tipificación de una nueva infracción muy grave para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y además concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente. Par ilustrarla, el ministro recordó los miles de conductores que quedaron atrapados el pasado mes de enero en la autopista AP-6.
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