Los socialistas denuncian la «falta de transparencia» de la Diputación de Burgos sobre la deuda de 144.000 euros del exarrendatario de El Moscadero

El Grupo Provincial Socialista acusa de «falta de transparencia» al presidente de la Diputación, César Rico, y al equipo de Gobierno del PP, por «la desinformación y el secretismo con el que siempre han contestado a las preguntas sobre la deuda del exarrendatario de la finca El Moscadero», según el diputado Javier Lezcano.

La titularidad de esta finca de 286 hectáreas de extensión entre Llanos de Bureba y Los Barrios, pertenecía a un Consorcio de Promoción Agropecuaria, formado por la Diputación Provincial y Caja de Burgos, a partes iguales, que se creó en el año 1962 y que mañana se abordará la propuesta de ratificación del acuerdo de disolución del Consorcio.

El informe jurídico que acompaña al expediente recoge la propuesta de las acciones judiciales que correspondan en la reclamación de las cantidades adeudadas a este ente por importe de cerca de 144.000 euros por parte del exarrendatario de la finca, al que tuvo que denunciar en 2015 por incumplimiento del contrato que suscribieron en 2010. En concreto, el Consorcio denunció el impago de la renta de dos campañas agrícolas y el IBI correspondiente a tres ejercicios y la Justicia autorizó el desahucio por impago y la ejecución del aval. Una circunstancia por la que el Grupo Socialista se interesó en reiteradas ocasiones durante el anterior mandato y a la que el Partido Popular «respondió con evasivas y siempre a hechos consumados».

Javier Lezcano recuerda que aquella adjudicación sorprendió desde el principio, puesto que se hizo a «una empresa de la construcción, sin experiencia agraria, que ni siquiera atendió la finca». Además, añade, el arrendatario era un afiliado del PP, ahora exteniente de alcalde de Villayerno Morquillas, por lo que en el Partido Popular «tendrán que explicar por qué ha tardado tanto en resolver esta situación, en contra de los intereses de la Diputación».

Además, el diputado provincial añade que «la mala gestión del PP» repercutió en el precio final de la subasta de esta finca, por 3,4 millones, después de deducir 125.334 euros de su tasación al carecer de la garantía de la disponibilidad de los derechos de la PAC, por lo que pide explicaciones al presidente de la Diputación.