Los pueblos burgaleses contarán con una oficina para tramitar los expedientes de ruina

La despoblación, el envejecimiento de la población, el éxodo rural son factores que provocan que las viviendas del medio rural burgalés se deshabiten y, en muchos casos, queden vacías por muchos años. Su conservación se descuida, voluntaria o involuntariamente, y las casas en peligro de ruina suponen un problema para los pueblos burgaleses. El trabajo es largo y costoso, hay que reclamar al propietario su demolición, necesaria por seguridad. En ocasiones se desconoce quién es el titular, en otras este se desentiende. El expediente de ruina exige trabajo y tiene un coste económico.

Por ello, la Junta de Gobierno ha aprobado que, con los medios de la Diputación, se tramiten estos expedientes y se haga la valoración del coste de demolición. Será a través del convenio que la institución tiene con Tragsa. Esta empresa, en la que la Diputación tiene participación, será la encargada de crear una oficina técnica conformada por dos técnicos y un administrativo. Estos se encargarán de empezar y tramitar el expediente administrativo de ruina, contactar con los propietarios y declarar la ruina. También se harán cargo de la valoración del coste de derribo de esa propiedad.

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«Al Ayuntamiento se le entrega todo el expediente de ruina tramitado y también la valoración del derribo. A partir de ahí la ejecución es cosa del Ayuntamiento. Es su competencia y estos se encargan de derruirlo y, después, cobrar a los herederos o propietarios el coste de demolición», explica Lorenzo Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación.

Para comenzar, esta oficina se hará cargo de un expediente por cada Ayuntamiento y el servicio solo se ofrece, en un principio, a municipios de menos de 1.000 habitantes. «Hay muchos pueblos y muchas casas en ruinas. Es una labora que conlleva mucho trabajo y tiempo. Si se concluyen las peticiones iniciales, se abrirán a más de un expediente por municipio», apunta Rodríguez.