8,3 millones de euros para modernizar cinco residencias de ancianos de la provincia de Burgos

El acuerdo implica que la institución provincial recibirá 4.142.366 euros para la puesta en marcha, en el periodo 2021-2023, de iniciativas principalmente vinculadas a la modernización de infraestructuras, la digitalización de servicios y la innovación de las políticas sociales.

A esta cuantía hay que añadir los 524.721 euros asignados al ayuntamiento de la capital, los 183.402 euros destinados al consistorio de Aranda de Duero y los 128.165 que recibirá el de Miranda de Ebro –en virtud de convenios similares firmados recientemente entre la consejera y los alcaldes de estos municipios– y la partida de 6,5 millones que ejecutará la Junta en Burgos.

El reto es que esta financiación contribuya a garantizar la calidad en la atención y reforzar la protección y el bienestar de las personas más vulnerables. Con estos convenios, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está formalizando con las grandes entidades locales, la comunidad «da otro más en la completa implantación del sistema de atención a la Dependencia 5.0, por el que apuesta de forma decidida el presidente», en palabras de Isabel Blanco.

«Seguimos avanzando en la modernización de los Servicios Sociales, un proceso en el que contamos con la necesaria colaboración e implicación de las entidades locales, que nos ayudan a llegar a todo el territorio y a las personas que más lo necesitan», añade la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En el listado de proyectos aprobados a la Diputación de Burgos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la provincia figuran tres intervenciones de mejora en las residencias de Fuentes Blancas de Burgos (con un presupuesto de 1,62 millones de euros); San Miguel del Monte en Miranda de Ebro (con una dotación de 793.800 euros); y San Salvador de Oña (con un importe previsto de 853.000 euros). Estas inversiones se acompañan de otra partida de 260.000 euros para la adecuación de protocolos de actuación en centros residenciales.

Las obras están dirigidas a la modernización de espacios y su adecuación al nuevo modelo de atención centrado en la persona, que tiende al diseño de estancias más acogedoras, que favorecen una atención más individualizada.

En línea con lo anterior, la Diputación de Burgos va a adquirir también tres vehículos adaptados, con un presupuesto de 90.000 euros, para facilitar los traslados de usuarios dentro de su red pública de centros. Finalmente, el tercer proyecto pasa por acometer obras de reforma y accesibilidad en el edificio del Consulado del Mar, con una inversión prevista de 516.600 euros.

Por su parte, la Junta de Castilla y León destinará cuatro millones de euros (de los que 2,8 millones se sufragarán con fondos europeos) a la modernización de la Residencia de Mayores Burgos I, con el fin de adecuar su arquitectura al nuevo modelo de atención residencial. La intervención consistirá en la creación de diez unidades de convivencia, es decir, en espacios con un máximo de 16 plazas, diseñados como pequeños hogares en el interior de las instalaciones, que garantizan una atención personalizada.

Otra de las obras destacadas, con un presupuesto de 1,68 millones de euros, afecta a la residencia de protección a la infancia Gregorio Santiago, donde se va a acometer un remozado integral para adecuar los espacios al nuevo modelo de cuidado de menores, así como la digitalización del centro para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

En el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) Fuentes Blancas también se ha proyectado una inversión para su adecuación al nuevo modelo residencial y para mejoras de accesibilidad, a lo que se une la adaptación arquitectónica del Centro Ocupacional El Cid. Ambas intervenciones requerirán un desembolso cercano a los dos millones de euros.

Por otro lado, el pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno autorizó la suscripción de una adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales con 67,45 millones de euros adicionales para los próximos tres años, con la finalidad de reforzar la financiación destinada a las entidades locales para políticas y prestaciones sociales, que ya alcanza la cifra total de 526 millones de euros para el período 2020-2023.

En la provincia de Burgos, la nueva adenda supone una inyección extra de casi 8,8 millones de euros –de los que el consistorio de Burgos gestionará 3,33 millones de euros; el de Aranda de Duero 865.760 euros; el de Miranda de Ebro 772.307 euros y la Diputación Provincial más de 3,83 millones–, con lo que el montante total del principal acuerdo de colaboración en materia de política social entre la Junta y el mundo local se eleva a 73,2 millones en la provincia burgalesa.

Gracias a los fondos extras de la nueva adenda, se van a formalizar 107 nuevas contrataciones de profesionales de los CEAS (diez en Burgos); ofrecer más cobertura a través de la ayuda a domicilio y aumentar la intensidad del servicio; extender la teleasistencia avanzada (de la que se benefician más de 3.800 burgaleses), que ya es gratuita; reforzar las ayudas de emergencia para las familias más vulnerables; ampliar los servicios y programas de conciliación en el medio rural, así como la financiación de los programas de atención a víctimas de violencia de género y de prevención de drogas.