Poco hay que avanzar en el acuerdo de 66 medidas, firmadas por el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar la Diputación de Burgos, para comenzar a necesitar matizaciones. El primero de los 66 puntos suponía una línea roja en las negociaciones, una línea roja trazada ... por Ciudadanos y que ellos mismos se han saltado, o eso parecía. Lorenzo Rodríguez matiza que no es así.
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El primer punto dice lo siguiente: «Limitación de mandatos para presidentes/as y vicepresidentes/as a un máximo de ocho años». Eso mismo se había apuntado en un principio, que Cs no haría presidente de la Diputación a César Rico por llevar ocho años ya en este cargo y, además, por ser concejal de un municipio con más de 20.000 habitantes. Pero hoy, a las 12 horas, comienza el Pleno en el que Rico será investido presidente de la institución provincial con el apoyo necesario de los tres diputados de Cs. Así ha sido firmado esta mañana.
Rodríguez justifica esta decisión con el argumento de que Cs no ha exigido puestos, «la gente critica el pacto de Cs, pone en duda la regeneración, pero siempre hemos dicho que no hace falta estar en un cargo para poder exigir la regeneración». Además, ha matizado que la limitación de mandatos empieza a contar a partir del 2015. Es decir, «la limitación de mandatos se pone en marcha a partir de que se firma un convenio en Castilla y León en Ciudadanos en 2015. Eso nos lleva a que todos los que ocupen cargos a partir del 2015 tienen que dejar su cargo en el momento en que lleve ocho años en este», explica Rodríguez.
César Rico, máximo implicado en este asunto, hombre al que se preguntó durante días por esa imposición de Cs de limitación de mandatos, nombre que parecía ser la piedra que obstaculizaba el pacto pero que acabará investido como presidente, hombre que ha logrado que Cs se saltase sus líneas rojas; Rico apunta que esta limitación de mandatos también es el punto 15 «del pacto suscrito a nivel regional entre Csy PP».
Cs es consciente de que hay críticas por este pacto firmado con el PP pero Rodríguez, el que será el vicepresidente de la Diputación, asegura que «la gente tiene una idea equivocada de lo que hace la Diputación, vamos a cambiar eso, vamos a devolver la Diputación a los municipios, los pueblos tienen que ser los protagonistas».
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Tanto PP como Cs se han encargado de repetir en numerosas ocasiones desde que se firmó este pacto para la gobernabilidad de la Diputación que primero se habló de medidas y del programa y luego de nombres y cargos. El reparto de responsabilidades queda de la siguiente forma: César Rico (PP) seguirá como presidente de la Diputación y la Vicepresidencia queda en manos de Lorenzo Rodríguez (Cs) quien también será el portavoz de la Junta de Gobierno. En esta Junta de gobierno habrá seis miembros del PP y tres de Cs.
Además, Cs asumirá la Presidencia de tres comisiones informativas: Régimen Interior y Personal, Planes Provinciales y Contratación y Junta de Compras. Igualmente, asumirá las Vicepresidencias de las comisiones informativas de Cultura, Hacienda y Fomento. En las tres comisiones presididas por Ciudadanos, los vicepresidentes serán diputados del PP.
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Además, CS presidirá la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) mientras que el Instituto para el Deporte y Juventud (IDJ) estará presidido por un miembro del PP y la Vicepresidencia es para un mimebro de Cs.
Tanto Rico como Rodríguez, durante la firma de este acuerdo, han señalado que su prioridad es trabajar con «lealtad» por un gobierno de cuatro años «estable». Según se señala en el acuerdo, los principales objetivos son la regeneración política y la transparencia, la modernización de esta administración provincial, el mantenimiento y la mejora de los servicios, la economía y el empleo, las políticas sociales, la lucha contra la despoblación y trabajar por el patrimonio, la cultura, el turismo y el deporte.
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En materia de servicios sociales, el punto 42 establece que se va a negociar la revisión del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Rico explica que hay que abordarlo porque su vigencia concluye este año. Dentro de este acuerdo entre la Diputación y la Junta de Castilla y León están las residencias de ancianos, con lo que su financiación, que corresponde a la Junta pero no está asumiendo, estará sobre la mesa. «Espero que la Junta sea más flexible a la hora de la financiación de las residencias», ha señalado Rico, quien ya ha advertido a la administración regional que en la negociación de este acuerdo serán «exigentes».
Ahora mismo el coste de estas residencias es de unos 12 millones de euros y la Junta aporta menos de 3 millones. Rodríguez matiza que «Cs nunca ha dicho que las residencias no deban ser financiadas por la Diputación y que se intentará que la Junta aporte el máximo dinero para pagar las residencias».
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