La Diputación de Burgos deberá someterse a un Plan Económico Financiero. Un plan redactado por los propios servicios económicos de la Institución Provincial y que hoy ha obtenido su beneplácito por parte del Pleno de la Corporación, un paso necesario para cumplir la ley. Y ... es que, el motivo de la aprobación y aplicación del plan no es otro que el propio incumplimiento de la ley de racionalización de las administraciones (Ley Montoro). Según quedó reflejado en la liquidación del presupuesto de 2017, la Diputación incumplió el año pasado la regla de gasto y los criterios de estabilidad presupuestaria, por lo que está obligada a aplicar medidas excepcionales.
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Dichas medidas, tuteladas en todo caso por la Junta de Castilla y León, se aplicarán en 2018 y 2019 y abordan diferentes cuestiones. Así, por ejemplo, no se podrán incorporar los remanentes de otros ejercicios al presupuesto de 2019 ni se podrá acudir a operaciones de crédito, al menos inicialmente. No en vano, según ha explicado el diputado de Hacienda, José María Martínez, no se trata de un plan «estático», sino que está sujeto a modificaciones en función de la situación.
Eso sí, no cabe duda de que la aplicación del plan tendrá «consecuencias» y limitará, hasta cierto punto, la capacidad de maniobra de la Diputación, no solo en próximos ejercicios, sino también en próximas legislaturas.
Así de hecho lo han subrayado los portavoces de todos los grupos de la oposición, que han criticado la «mala gestión política» del equipo de Gobierno provincial. Y es que, según ha subrayado David Jurado, portavoz del PSOE, la situación económica de la Diputación es «relativamente buena», ya que los últimos ejercicios se han cerrado con superávit y se ha reducido la deuda hasta poco más del 50%. El problema, ha destacado, es que el equipo de Gobierno no gestiona bien esos recursos, como demuestra el hecho de que el volumen de ejecución presupuestaria está muy lejos de ser el idóneo. ¿Por qué? A su juicio, por culpa del propio modelo de reparto de financiación de la institución, basado en la articulación de multitud de convocatorias de «subvenciones finalistas» que complican los trámites y retrasan su ejecución.
Por eso, Jurado ha instado al PP a abandonar ese modelo y apostar por la vía de la «financiación incondicionada». Es decir, que la Diputación reparta los fondos de los que dispone a principios de año entre los pueblos y que sean éstos quienes decidan el destino de las inversiones en función de sus necesidades concretas.
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También Imagina Burgos, el único grupo que ha votado en contra del expediente, ha aprovechado para criticar la gestión presupuestaria del equipo de Gobierno. Es más, su portavoz, Marco Antonio Manjón, ha considerado que el Plan Económico Financiero no es más que un «comodín» al que se aferra el Ejecutivo provincial para seguir actuando de la misma manera a pesar de «hipotecar» a la próxima Corporación.
Por su parte, desde Ciudadanos se comparten buena parte de las críticas del resto de la oposición. Así, su portavoz, Lorenzo Rodríguez, que ha recordado que no hay más remedio que aplicar el Plan, ha insistido en la necesidad de acelerar al máximo las convocatorias de subvenciones para que las justificaciones lleguen antes del cierre del ejercicio y, de esta forma, conseguir elevar el volumen de ejecución presupuestaria.
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