Otro lío en la Diputación de Burgos a cuenta del área de Personal. El Sindicato Obrero Independiente (SOI) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía mediante la que solicita que se abran diligencias ante un supuesto delito de prevaricación administrativa a cuenta del ... trámite iniciado por el departamento de Personal para que los trabajadores públicos no esenciales recuperen las horas perdidas durante el permiso retribuido obligatorio decretado por el Gobierno a principios de abril para minimizar la expansión de la covid.
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En este sentido, desde el sindicato subrayan que el decreto gubernamental afectaba a «todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales», una clasificación en la que a su juicio no entra el personal de la Diputación. «Las Administraciones Públicas, como es la Diputación Provincial de Burgos, no se pueden considerar como entidades del sector público», aseguran en el escrito.
De hecho, añaden, «ninguna comunidad autónoma (incluida la Junta de Castilla y León) o entidad local ha aplicado el Real Decreto-ley a sus empleados públicos»
A pesar de ello, desde el SOI denuncian que tanto la Jefatura de Personal como el secretario general de la Diputación han iniciado el trámite para que los empleados que pararon entre el 30 de marzo y el 9 de abril recuperaran las horas perdidas.
Lejos de aceptar las críticas, el diputado de Personal, y a la sazón vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, ha asegurado que la institución se mantiene «firme» en la decisión adoptada al considerar que es «legal».
A este respecto, abundan desde el departamento de Personal, «con independencia de las interpretaciones que dicen que las medidas no son de obligado cumplimiento a la Diputación, la Disposición Adicional primera del Real Decreto-ley preveía expresamente para los empleados públicos que las entidades locales quedan habilitadas para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias». Y esto, subrayan, es lo que se ha hecho en este caso.
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Y lo ha hecho, además, intentado «garantizar los derechos de sus empleados», procediendo, «antes de efectuar ningún descuento o compensación de horas no trabajadas, a concederles, de forma individualizada un trámite de audiencia».
Así, desde el departamento de Personal entienden que la denuncia del SOI no es sino «una maniobra desesperada» para «intentar asustar a la Diputación».
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