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La Diputación de Burgos prepara el nuevo contrato para el servicio de Ayuda a Domilicio, que saldrá a concurso previsiblemente este mes de noviembre. El servicio se licitará por 13,2 millones de euros, para un contrato de dos años, con posibilidad de dos más ... de prórroga, según se recoge en los pliegos de condiciones aprobados este jueves en la Junta de Gobierno celebrada en la Institución Provincial. El precio máximo por hora será 17,96 euros, más el IVA (4%).
El portavoz provincial, Lorenzo Rodríguez, ha insistido en que la Diputación hace un «gran esfuerzo» en el servicio de Ayuda a Domicilio, el contrato más importante de la institución. Con el contrato se intenta garantizar que ningún burgalés del medio rural que lo necesite se quede sin la atención a domicilio, pero ha recordado Rodríguez que la Diputación no se puede meter en cómo gestiona la adjudicataria su propia empresa, su plantilla y la carga de trabajo.
Ante las denuncias que se han realizado recientemente, por cambios en las jornadas laborales, reducciones de horas o incumplimientos de condiciones laborales, Lorenzo Rodríguez insiste en que «no se puede cargar a la Diputación la mala gestión de la empresa». Se abonan todas las horas que la misma, actualmente Sacyr Social, les factura por los servicios prestados. Y el precio viene marcado por el contrato, igual que lo está en la nueva licitación. El resto son cuestiones de ámbito laboral, de gestión interna de la empresa.
Por otra parte, se ha aprobado también el protoloco entre la Diputación de Burgos y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la dotación de depuradoras de aguas residuales a los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes. La intención es que, en diez años, todas las localidades de la provincia de estas dimensiones cumplan con la norma y dispongan de un sistema de depuración, para lo que necesitan el apoyo tanto de la Diputación como de la Junta de Castilla y León.
El protocolo diseñado establece que el coste de cada proyecto se asumirá entre la Diputación, que aportará el 40%, la Junta con otro 40% y los ayuntamientos, que apotarán el 20% restante. Además, será el Gobierno autonómico el que se encargue de la supervisión de las propuestas técnicas y la contratación de las obras. Tras este protocolo se deberá firmar el convenio que recogerá las actuaciones concretas a desarrollar, con presupuestos ya definidos. De momento, hay 28 municipios que potencialmente resultarían beneficiados de la iniciativa.
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