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Dos meses después del último Pleno de la Diputación la institución provincial ha celebrado su primera sesión plenaria telemática, la primera por esta vía en más de 200 años de historia. Como no podía ser de otra forma atendiendo al orden del día, el monotema ... ha sido la crisis a todos los niveles que ha provocado la pandemia de la covid-19. El Pleno se ha centrado en valorar la gestión realizada hasta el momento y desde la entrada en vigor del estado de alarma.
Los partidos del equipo de Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, se han esforzado en justificar y rendir cuentas de su gestión en esta crisis. En todo momento han contado con Vox partido que, aunque no está en el equipo de Gobierno tampoco ejerce dura oposición.
Por su parte, el PSOE ha sido el único partido crítico y que ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno. El portavoz socialista, David Jurado, ha asegurado que la Diputación «va tarde» en la adopción de medidas urgentes de carácter económico para las empresas de cara a estas crisis económica.
Igualmente, Jurado ha señalado que con respecto a la gestión de las residencias de ancianos, competencia que asume la Diputación pero corresponde a la Junta de Castilla y León, el socialista ha apuntado que «tienen que depender de las administraciones que tienen fondos para su mantenimiento y no puede ser que toda la responsabilidad recaiga sobre los trabajadores que hace su mejor labora», ha añadido que este momento servirá para poner sobre la mesa, cuando finalice la pandemia, «el debate de este modelo».
Igualmente, Jurado ha criticado que «hasta el 28 de abril» el presidente de la Diputación, César Rico, no contactase con la oposición. Ha aclarado que sí lo hizo el vicepresidente primero pero «como presidente de la Diputación tendría que haber tomado mayor liderazgo con los alcaldes».
Por su parte, al comienzo del Pleno, Rico ha señalado los decretos que se han dictaminado desde que el Gobierno de España declarase el estado de alarma por la pandemia de la covid-19 para adoptar medidas preventivas ante la situación.
Entre estas medidas se recoge la supresión de forma inmediata de todas las visitas a los residentes del centro de ancianos de personas mayores San Miguel del Monte de Miranda de Ebro, ya que en un principio esta ciudad burgalesa tuvo un fuerte brote de contagios.
Algunas de las medidas adoptadas que se han señalado han sido la adaptación del trabajo para que solo el número imprescindible de empleados de la Diputación realizasen su trabajo de forma presencial y el resto lo hiciese en modalidad de teletrabajo.
Rico ha añadido que quedó suspendido el periodo voluntario de cobro de tasas e impuestos de tracción mecánica, las tasas de basuras y agua y la Diputación ha reintegrado los impuestos a los Ayuntamientos burgaleses para que estos sigan teniendo liquidez. Precisamente, la liquidez, endeudamiento, posibilidad de emplear el superávit para invertir en salir de esta crisis a nivel municipal ha sido uno de los principales debates que han surgido en el turno de proposiciones.
La Diputación también ha tenido que flexibilizar la contratación de personas para no tener que depender de procedimientos ordinarios que se encontraban parados.
Tres proposiciones llegaban al Pleno telemático de la Diputación y las tres tenían el mismo objetivo: aportar medidas para hacer frente al impacto de esta crisis global producida por la pandemia. La proposición de Vox cambió radicalmente al incluir todo lo que proponía el PP y se aprobó con los votos favorables de PP, Cs y Vox pero su naturaleza inicial estaba desvirtualizada.
Por su parte, el PP también acordó incluir en su proposición las aportaciones socialistas porque, como recalcó el portavoz 'popular', Borja Suárez, «hoy es más importante el consenso que las discrepancias políticas». Así la moción 'popular' ha sido aprobada por unanimidad.
El mismo proceso ha seguido la proposición socialista que solo ha contado con el voto desfavorable de Vox. La inclusión que el PSOE ha hecho de las peticiones del PP no ha servido a Vox para dar su voto a favor.
En estas proposiciones se han acordado un gran paquete de medidas para ayudar a los municipios a afrontar el impacto de esta crisis, algunas pasan por pedir al Gobierno que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades con superávit con independencia de que cumplan o no ciertos requisitos, que los gastos e inversiones relacionados con medidas frente a la crisis de la covid-19 no computen para la regla de gasto para que no se vean abocados a un plan económico-financiero. En definitiva, que los pueblos puedan usar su superávit y que las entidades municipales vean ampliado su margen de maniobra para ayudar a sus vecinos en la salida de esta crisis.
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