Es un «robo» que atenta directamente contra la «autonomía local». Así de tajante se ha mostrado hoy el portavoz del PP en la Diputación de Burgos, Borja Suárez, que ha criticado duramente la decisión del Gobierno, respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias ( ... FEMP) con los únicos votos a favor del PSOE, de restringir el uso de los remanentes de tesorería generados por las corporaciones locales. Una decisión que, a su juicio, es «insolidaria e injusta».
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No en vano, «el 99% de las corporaciones locales están saneadas» debido al exhaustivo control sobre las cuentas públicas ejercido durante los últimos años. Sólo los ayuntamientos más grandes del país se sitúan fuera de esa realidad.
Ahora, sin embargo, el Gobierno pretende echar mano de los ahorros generados a través de los remanentes para «financiar su agenda política», lo que supone, según los 'populares', «el mayor ataque contra el principio de autonomía local» que tan fervientemente se ha defendido por parte de los ayuntamientos y diputaciones durante años.
Por eso, Suárez ha adelantado la intención de su grupo de elevar una moción plenaria en la Diputación destinada, fundamentalmente, a conocer la postura de los socialistas burgaleses y, llegado el caso, hacer frente común contra una decisión que ha calificado de «chantaje».
En este sentido, ha recordado, el Consejo de Cuentas ya calculó en 2018 que los ahorros de las entidades locales de Castilla y León ascendía a 1.238 millones de euros en Castilla y León. De acuerdo a la decisión que parece que saldrá adelante en el Consejo de Ministros, será el Gobierno quien marque el destino de buena parte de esos fondos, contraviniendo en muchos casos las necesidades de los propios municipios. Un ejemplo: «la Diputación ha tenido que paralizar el Plan de Carreteras de 2020» en previsión de lo que pueda pasar, mientras que parece que se verá obligada a destinar el 7% de los remanentes a promover el vehículo eléctrico.
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A la vista de la situación, Suárez entiende que «todos los ayuntamientos de Burgos deberían estar en contra» de la decisión, «por muy socialista y trágala que sea» su equipo de Gobierno.
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