[DICIEMBRE] Y por fin se retiraron las barreras

El 1 de diciembre de 2018 quedará marcado en la historia reciente de la provincia burgalesa como el día en el que se puso fin a la concesión de la autopista AP-1, una concesión que arrancó en 1974 y que se ha prolongado durante más de 44 años, es decir, 24 más de lo inicialmente previsto, merced a cuatro prórrogas que han colocado a la vía en el epicentro del debate político y ciudadano. Un debate impregnado por la siniestralidad de la N-I, única alternativa viaria gratuita entre Burgos y Miranda, que durante estas cuatro décadas ha sido testigo de miles de accidentes, muchos de ellos de extrema gravedad. Los datos son estremecedores. Más de 250 personas han perdido la vida en su calzada en los últimos 20 años, lo que ha derivado en movilizaciones constantes, cortes de carretera y la colocación de demasiadas cruces negras en los arcenes.

A la vista de todo ese devenir de acontecimientos, era lógico que el fin de una concesión tan cuestionada se convirtiera por sí mismo en un hito, en un momento de celebración. Así, decenas de personas acudieron en la madrugada del día 1 de diciembre para ver cómo se retiraban físicamente las barreras de los peajes en puntos como Castañares y Briviesca. Y pudieron comprobar cómo la AP-1 pasaba a ser A-1, entre aplausos, un amplio dispositivo de seguridad, copas de cava y más de una lágrima. Especialmente emotiva fue la ofrenda floral que se llevó a cabo junto al peaje de Briviesca, donde se rindió homenaje a las víctimas de la N-I.

Muchos de los que allí estaban eran miembros de la propia Plataforma de Afectados por la N-I, que años después de iniciar sus movilizaciones para exigir una solución a la siniestralidad en el corredor viario Burgos -Miranda, veían colmadas sus reivindicaciones y las de todos los que se han sumado a la causa. O al menos, algunas de ellas.

Sí, es cierto que la circulación ya es gratuita por la antigua autopista, pero todavía queda mucho por hacer para consolidar su uso como carretera pública. Así, de hecho, lo vienen advirtiendo desde hace tiempo diferentes colectivos, que a pesar de aplaudir la decisión del Ministerio de Fomento de liberalizar la autopista, continúan reclamando mejoras que consideran necesarias para reducir la siniestralidad en el corredor Burgos-Miranda y garantizar la permeabilidad entre la N-I y la AP-1. La primera de estas mejoras pasa directamente por la supresión física de las playas de peaje. Y es que, a pesar de la retirada de las barreras –que se adelantó una hora respecto al horario previsto inicialmente–, las cabinas siguen ahí, condicionando la circulación y los accesos en Castañares, Rubena, Briviesca, Pancorbo, Ameyugo, Miranda y Armiñón (Álava).

La retirada de todas las infraestructuras de los antiguos peajes será una de las primeras actuaciones a desarrollar en el corto plazo. De hecho, el propio Ministerio ya ha comenzado a programar su eliminación. A partir de ahí, la lista de deberes para acondicionar la AP-1 a la circulación gratuita es larga. Antes de su liberalización, por la vía transitaban alrededor de 20.000 vehículos diarios, una cifra más que considerable que se ha visto significativamente incrementada a raíz de la liberalización con el trasvase de tráfico desde la N-I, sobre todo de carácter pesado.

En este sentido, son muchas las voces que reclaman la construcción de nuevos accesos en puntos como Monasterio de Rodilla, el polígono industrial de Briviesca o Busto de Bureba. Unos nuevos accesos que, a juicio de los miembros de la plataforma de vecinos, deberían complementarse sí o sí con un tercer carril en todo el trazado, que permita dar continuidad a la ampliación de la vía desarrollada años atrás entre Ameyugo y Armiñón con motivo de la última prórroga.

Si bien es cierto que el Ministerio parece haber recogido el guante, de momento no ha habido movimientos concretos al respecto, más allá de diferentes compromisos públicos. Básicamente, no ha habido tiempo. Y es que la decisión definitiva de levantar las barreras de los peajes llegó hace apenas unos meses, coincidiendo con el cambio de Gobierno en Madrid. Hasta entonces, desde la sede de Fomento se venían lanzando mensajes ambiguos y se evitaba hablar de gratuidad. Tampoco se había avanzado en proyecto complementario alguno, a pesar de que la fecha del fin de la concesión se sabía desde 2005, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero dio luz verde a la última prórroga.

Esta falta de previsión también ha condicionado otros aspectos, como el laboral, que en los últimos meses ha ganado protagonismo. Y es que, tras conocer la decisión del ministro José Luis Ábalos, han sido los trabajadores de la autopista quienes han levantado la voz para exigir el mantenimiento de sus puestos de trabajo. De momento, Fomento y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo para subrogar los contratos de 62 trabajadores, que serán asumidos por la empresa encargada del mantenimiento de la vía. No han tenido tanta fortuna otros 44 empleados, que el 1 de diciembre pasaron a formar parte de las listas del paro, a la espera de nuevos movimientos, mientras que otros cinco han sido recolocados por la empresa y uno más ha solicitado la baja voluntaria.

La permeabilidad del tráfico desde la N-I a la AP-1 también ha generado muchas dudas en los negocios implantados al pie de la antigua nacional, que temen que los nuevos flujos circulatorios supongan la sentencia de muerte para muchos de ellos. Ese es el caso de los numerosos restaurantes, hoteles, cafeterías y gasolineras actualmente activas en localidades como Briviesca o Pancorbo, que viven –o sobreviven– gracias en buena medida al tránsito de camioneros que seguramente circularán a partir de ahora por la A-1.

También se mantienen algunas dudas sobre el futuro a largo plazo. Y es que, el propio ministro ha puesto sobre la mesa el debate en torno al cobro por la circulación en las autovías de carácter estatal. De momento, los responsables políticos han asegurado que el tramo entre Burgos y Armiñón no volverá a ser de pago, toda vez que ha pasado a depender directamente de la Dirección General de Carreteras, si bien el debate está ahí. En este sentido, cabe destacar que la AP-1 ha sido la primera autopista en revertir al Estado y liberalizarse tras el fin de la concesión en la historia de España, lo que la ha convertido en una suerte de espejo en el que se miran otras vías cuyos contratos finalizan en los próximos años, como la AP-7 (Alicante-Tarragona) o la AP-4 (Cádiz-Sevilla).

Sea como fuere, el fin de la concesión de la AP-1 supone, sin duda, una de las referencias informativas, no solo de 2018, sino de las últimas décadas. Sin embargo, hay vida más allá de ella, y diciembre nos ha dejado muchos titulares.

Uno de los más sonados fue el anuncio formal de que Burgos volverá a postularse como candidata a ser Capital Europea de la Cultura. Así se confirmó el día 3 en una reunión del Consejo Social de la ciudad en la que se pusieron las primeras bases de un proyecto heredero del malogrado Burgos 2016 que pretende convertir la ciudad en una referencia cultural en 2031. De momento, sólo se ha establecido el objetivo y queda mucha tela por cortar, pero el proyecto ya está sobre la mesa y a lo largo de los próximos años comenzará a desgranarse.

Mucho más trágico fue el fallecimiento, en la madrugada del sábado 8, de un varón de 30 años de edad como consecuencia de las heridas por arma blanca recibidas durante una reyerta a las puertas de un bar en Aranda de Duero. Un suceso que conmocionó a la capital ribereña y que se saldó con la detención de los tres supuestos autores. Dos de ellos ya han ingresado en prisión provincial, mientras que el tercero, menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

El ámbito judicial también fue protagonista durante el mes de diciembre a raíz de la celebración del juicio por las sedaciones ordenadas en su día por Juan Antonio Huidobro, exjefe de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Huidobro se enfrenta a 26 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por dos sedaciones irregulares que practicó a finales de 2014 y principios de 2015. El Ministerio Fiscal le considera presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional.

Por la Audiencia Provincial pasaron durante las ocho jornadas en las que se dividió la vista oral peritos, profesionales sanitarios, familiares y el propio Huidobro, que en todo momento ha insistido en su inocencia.

Diciembre también dejó algunas efemérides de tremenda relevancia para Burgos. Y es que, el día 14 se cumplieron diez años del paso del último tren por el antiguo trazado ferroviario, que dividía la ciudad en dos. Al día siguiente entró en servicio el desvío ferroviario, cuya construcción supuso la mayor transformación urbana de la historia reciente de Burgos.

Hoy, una década después de aquello, el Bulevar Ferroviario ha cosido la ciudad, pero todavía quedan varios flecos por hilvanar, incluida la factura y pago del sobrecoste de la obra, la culminación de la regeneración urbana o la llegada del Ave, cuyas obras aún están en marcha.

En el ámbito municipal, el principal protagonista fue, sin ninguna duda, Javier Lacalle. Y es que, tras multitud de rumores y desmentidos, el alcalde de la ciudad fue nombrado de nuevo candidato del PP a la Alcaldía. El anuncio se efectuó formalmente tras la reunión del Comité Electoral provincial, en la que el propio Lacalle confesaba públicamente que se había planteado abandonar la política municipal tras ocho años como alcalde y otros tantos como concejal.

Sin embargo, las direcciones nacional y regional del PP han acabado imponiendo su criterio, volviendo a apostar por Lacalle en detrimento de otros posibles candidatos menos conocidos. De hecho, durante los últimos meses, los nombres de Carolina Blasco, Ángel Ibáñez y Roberto Saiz fueron poniéndose uno a uno sobre la mesa, pero todos ellos fueron finalmente descartados.

Apenas unas horas antes de que el PP confirmara la candidatura de Lacalle, el propio alcalde inauguraba, junto a varios corporativos municipales y representantes de diferentes instituciones, el nuevo puente de la Universidad, que ha supuesto una de las grandes inversiones de la legislatura.

Con su entrada en servicio se da prácticamente por concluida la ronda interior, a falta de la culminación de las obras de conexión entre el puente y la avenida Valentín Niño.

Dos días después, y como viene siendo tradición, el protagonismo recayó en el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, que volvió a dejar su impronta en la provincia. Así, más allá de la venta de un décimo del Gordo en una administración de la capital y de varios quintos premios, la suerte sonrió a Miranda de Ebro. Allí, el Orfeón Mirandés repartió más de 22 millones de euros en papeletas del tercer premio, que obviamente estuvo muy repartido. Una auténtica lluvia de millones que caen como agua de mayo en una ciudad que ha sufrido como pocas la incidencia de la crisis.

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