Destinan 1,3 millones de euros a las zonas afectadas por incendios forestales, entre ellas el Arlanza

El siniestro que se produjo el pasado 24 de julio en el término municipal de Quintanilla del Coco alcanzó también a los términos municipales de Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos, afectando a una superficie de 2.540,49 hectáreas. El fuego se desarrolló en su totalidad en el Parque Natural «Sabinares del Arlanza-La Yecla», donde se llevan a cabo planes de conservación del águila perdicera.

La partida, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, permitirá acometer actuaciones en la provincia de Burgos y también en Cebreros, Navafría y Monfragüe, donde las superficies afectadas por el fuego están desprotegidas, porque no ha transcurrido tiempo suficiente entre el siniestro y la temporada otoñal como para que la vegetación haya podido recuperarse.

Así, las actuaciones se limitarán a las estrictamente urgentes en las que técnicamente no es posible aplazar su inicio a meses posteriores, porque perderían su eficacia.

Se iniciarán de forma inmediata para evitar que se aceleren los procesos erosivos de torrenteras, generando el arrastre de cenizas y sólidos e incluso movimientos en masa si ocurrieran fuertes lluvias en los próximos meses.

Por otro lado, los incendios afectan a los balances hidrológicos, no solo por la desaparición de la cubierta vegetal que reduce el impacto de las lluvias y la captación de las precipitaciones, sino también por la reducción de la infiltración y aumento de las escorrentías superficiales. La situación es especialmente grave ante el riesgo de precipitaciones en forma de tormenta que desencadenen los mencionados procesos erosivos.

Por ello, la intervención inmediata incluye, entre otras, acciones como el triturado in situ del arbolado quemado, la incorporación de acolchado de astilla al suelo, la construcción de diques o la creación de charcas para fauna que sirvan a su vez como punto de carga contra incendios.

Una vez que los incendios quedaron controlados y se hubo enfriado el conjunto de la superficie afectada, las administraciones responsables, en este caso las Juntas de Castilla y León y, por su parte, la de Extremadura, iniciaron la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, así como los riesgos asociados a la no intervención, determinando las actuaciones a realizar para minimizar dichos riesgos y hacer viable una posterior restauración de la zona afectada.

El 24 de agosto, el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentra incluido este incendio.

Según informa el Gobierno, el plazo de ejecución es de seis meses, mínimo imprescindible para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la estacionalidad de los trabajos de campo y la necesidad de concurrencia de las condiciones climatológicas necesarias para su normal desarrollo.