Burgos Conecta
Sábado, 5 de mayo 2018, 13:48
Diversas asociaciones de afectados por los peajes de autopistas en Castilla y León, Cataluña y País Vasco han constituido esta mañana en Briviesca la denominada Unión de Plataformas por la Liberalización de las Autopistas de Peaje (UPLA) para luchar contra la discriminación, según informa Efe.
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Integran esta colectividad las plataformas de vecinos afectados por la N-I en Burgos (AP-1); la Ávila Libre de Peajes (AP-6, AP-51 y AP-61); la Prou AP-7 Gratuita Ja de Cataluña; y la AP-8 Peakerik Ez de Euskadi. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la N-I, Rafael Solaguren, ha explicado a los medios de información que esta unión surge «por las ganas que tenemos todos de que se acabe con la discriminación y con el incremento de inseguridad vial por culpa de los peajes«. «Vamos a hacer fuerza todos juntos», ha añadido Solaguren, quien ha recibido el interés de otros grupos interesados en adherirse a la unión, en concreto de La Rioja y de Cádiz.
Por su parte, Llorenç Navarro, presidente de la Asociación Prou AP-7 Gratuita Ja, ha manifestado que esta concentración de fuerzas «es necesaria y básica» y que trabajará para informar a la ciudadanía. «Este país está dominado por unas grandes empresas que tienen sometidos a los partidos políticos«, ya que hay «hay contratos con las concesionarias que no aparecen», ha reflexionado antes de pedir a los gobernantes que si una concesión ha finalizado «lo diga claro».
La discriminación también es la principal queja de la plataforma AP-8 Peaje No, cuya concesión finalizó hace ya catorce años y el Gobierno Central traspasó la propiedad al del País Vasco, quien permitió «que fueran las diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya quienes la gestionaran», ha recordado su portavoz, Juan Carlos Poderoso. Esta situación provoca que una parte de esta carretera que discurre por esta comunidad autónoma sea de pago y la otra gratuita (A-8), lo que propicia el pago de un sobrecoste «en forma de peaje injusto».
Por último, Julio Huerta, portavoz de Ávila Libre de Peajes (AP-6, AP-51 y AP-61), ha indicado que la concesión de estas carreteras «es totalmente ilegal desde el pasado 29 de enero debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó al Gobierno a liberar el peaje«. No obstante, ha añadido, la última concesión, de 1999, permite a la empresa Abertis seguir siendo la propietaria hasta noviembre de 2019, si bien se ha insistido en su »inmediata liberación«.
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La reunión ha finalizado con una manifestación por las calles de Briviesca hasta la propia N-I, donde la UPLA y más de un centenar de vecinos de la zona han cortado dicha carretera para forzar que la AP-1 sea gratuita a partir del 1 de diciembre de este año. Los organizadores se han emplazado a nuevas reuniones para seguir colaborando en futuras reivindicaciones, protestas y acudir juntos a posibles reuniones con el Ministerio de Fomento.
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