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La procuradora socialista Virginia Jiménez denuncia que tras preguntar a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, sobre cuándo va a asumir la Junta la gestión y financiación de las residencias de personas mayores ahora dependientes de la Diputación de Burgos, la responsable autonómica ha eludido pronunciarse.
La procuradora socialista también ha criticado que en su «intento desesperado» de justificar la situación, «su más que cuestionable reacción ha sido intentar confundir sobre las competencias». Para la socialista, «el hecho de que se vea obligada a utilizar esta maniobra prueba que es injustificable lo que ahora sucede».
Durante su intervención, Jiménez ha lamentado que la actual situación «se traduce en un importantísimo detrimento de las arcas provinciales, cifrado en más de 21 millones de euros anuales, y en la consecuente limitación de los recursos que el organismo provincial debería invertir en cubrir otras necesidades de la población en ámbitos que sí le corresponden» y añade que «parecen más atentos a sus compromisos partidistas, que a sus obligaciones con los burgaleses y burgalesas, a quienes dicen representar».
La dirigente socialista también ha reprochado a García que los responsables autonómicos se desentienden de esta obligación, «negándose a constituir las comisiones mixtas para iniciar el proceso de traspaso de ese tipo de servicios a la Administración autonómica, y negándose también a compensar financieramente a diputaciones y municipios del brutal gasto que les supone su mantenimiento. Estamos hablando de un 20% del presupuesto de la Diputación», ha insistido.
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