El Congreso debatirá sobre un modelo homogéneo de carreteras «sin condicionar» la liberalización de la AP-1

–En el cierre del año, no debe de parar de reuniones. ¿Qué limitaciones tienen los Presupuestos del Estado para Castilla yLeón?

–Nunca faltan tareas distintas. Estamos esbozando el proyecto de Presupuestos para conjugar las necesidades territoriales con las inversiones prioritarias. El equilibrio regional es un principio básico, y a partir de ahí encajarán los proyectos, como el de la autovía del Duero, la A-11. En este caso hay que licitar los dos tramos que van desde Tudela de Duero a Olivares, y desde ahí a Quintanilla de Onésimo. Será un inversión importante, y significará el arranque de un trazado que ha sido muy controvertido estos años.

–¿Cómo ha encontrado los proyectos cuando llegó en junio pasado?

–Hemos llegado con reivindicaciones de provincias que tienen que ver con el estado de la tramitación en el que están las carreteras, o con declaraciones de impacto ambiental pendientes. Es curioso comprobar cómo el señor Fernando Martínez Maíllo [anterior coordinador general del PP y expresidente de la Diputación de Zamora] es muy reivindicativo ahora con respecto al tramo zamorano de la A-11, cuando nos hemos encontrado con que este trazado no tenía la declaración de impacto ambiental, y la hemos tenido que publicar recientemente en el BOE.

–¿Qué prioridades existen para la autovía A-60, que llega a León?

–Se han adjudicado dos de los tramos, el de Villanubla-La Mudarra, y desde aquí a Medina de Rioseco. Para este recorrido no había proyecto en marcha, y se están poniendo ahora. Estamos vigilantes para que las declaraciones de impacto ambiental, que se hicieron en su día, no caduquen a los seis años, y el trabajo anterior no sea inútil.

–¿Hay plazo para desbloquear la Circunvalación de Segovia, SG-20?

–El Ministerio está tratando de acelerar las obras al máximo, pero pedimos disculpas porque comprendemos que se producen inconvenientes en un punto de mucha intensidad de tráfico. Los segovianos tienen que comprender que es una obra compleja, porque genera dificultades por el gran número de conexiones que hay.

–Los vecinos de San Rafael observan cómo pasan los gobiernos y su travesía, que ha registrado múltiples accidentes mortales en algunos casos, sigue estando en el centro del casco urbano.

–Voy a verme en las próximas semanas con el consejero de Fomento, Suárez-Quiñones, y quiero plantearle una alternativa que me permitirá que no se la diga hasta que él la conozca antes. Somos conscientes del problema que hay de tráfico y seguridad.

–¿Será un desvío?

–Hay varias opciones que se las comentaré antes al consejero.

–Hay inquietud en Palencia respecto a la integración del ferrocarril en la capital, ¿qué previsiones hay?

–Tengo prevista una reunión con el alcalde, después de que me haya solicitado un encuentro. Hay que abordar las alternativas que existen para Palencia por el paso de la Alta Velocidad, tanto a León como hacia Santander. Pensaremos en el interés general de los palentinos.

–Los salmantinos se quejan que restan 5 kilómetros de autovía para enlazar con Portugal.

–Estamos en obras y hay una previsión de concluirlo a primeros del año que viene. Nos consta que el Gobierno portugués iniciará los trabajos al otro lado de la frontera, pero nuestro tramo va a estar antes.

–Los precios del AVE siguen siendo caros para viajar desde la comunidad a Madrid. ¿Se van a privatizar los servicios ferroviarios?

–La Alta Velocidad ha llegado a Palencia y León y mejorará teniendo presente que acogerán tráficos procedentes de Asturias y Santander. En cuanto a la política de precios, es algo que corresponde a Renfe y escapa de mi competencia. Respecto a lo segundo, tenemos el escenario de la liberalización del mercado de pasajeros del 2021, que marcan las instituciones europeas. Sabemos de alguna empresa ha expresado su interés por la línea Madrid-Barcelona, y veremos lo que pasa. Quien desee trasladar pasajeros tendrá que contactar con Adif y disponer de todos los requisitos de seguridad que se exigen para la circulación ferroviaria.

–Se ha dado prioridad a la Alta Velocidad pero, ¿qué pasa con las cercanías de Medina del Campo, Palencia, Burgos, Aranda de Duero, Riaza...?

–Es cierto que el esfuerzo inversor estos años ha ido para la Alta Velocidad, lo que ha permitido que el número de pasajeros de Renfe pasase de los 4,5 millones antes de 1992, a los más de 18 millones. Se ha logrado que los viajeros que se desplazan opten por el tren como prioridad. Ha sido un éxito, pero ahora hay que recuperar las inversiones para cercanías y el transporte de proximidad. Estamos buscando alternativas.

–La anterior etapa ha estado marcada por los años de crisis y el control presupuestario. ¿Hay ahora dinero para infraestructuras?

–El país sigue en un escenario de deuda y de carga financiera en el Presupuesto. De ahí que el ministro de Fomento haya abierto el debate para obtener nuevos mecanismos fiscales que permitan tener ingresos con los que atender las prioridades. Tiene que quedar claro que este Gobierno da preferencia a las políticas sociales. Esta es su seña de identidad. En segundo lugar, estarán las inversiones con unas ratios similares a las de estos años de atrás, puesto que la capacidad presupuestaria no da mucho más margen.

–¿Y cuál es entonces la apuesta prioritaria de Fomento?

–Sin duda, la del mantenimiento de las infraestructuras. Estos años ha existido un abandono importante de las vías, que nos ha obligado a realizar obras de emergencia. En Castilla y León, se ha tenido que mejorar el firme en las autovías A-67, a Santander, o en la A-62, a Salamanca. No debemos olvidar que ello incide en la seguridad de los conductores. El ciudadano tiene que concienciarse de que debemos preocuparnos por el estado de la red de carreteras, toda vez que esta está bastante avanzada. Es verdad que hay necesidades de más vías, pero no estamos como hace 40 años y, por lo tanto, el peso de la conservación tiene que ser mayor. La previsión presupuestaria es que en porcentaje este capítulo se eleve por encima del de nueva construcción.

–Las declaraciones del ministro José Luis Ábalos, sobre el pago por utilizar las autovías, han desatado la polémica. ¿El Gobierno ha tomado la decisión de imponer nuevos peajes?

–Lo que hemos dicho es que este país no tiene un modelo homogéneo de carreteras. Por un lado, están las autopistas de peaje, con concesiones muy longevas y muchas prórrogas que han llegado hasta los 40 años en algún caso, cuando su previsión inicial era para unos 25 de media. El Gobierno lo que ha planteado es un debate sobre esta cuestión, y por ello hemos propuesto que en una Subcomisión de Fomento, en el Congreso de los Diputados, los partidos debatan sobre ello. No queremos condicionar nada. Paralelamente, hemos anunciado que la autopista AP-1, la de Burgos, será de tránsito libre desde el 1 de diciembre de este año.

–¿Y sobre el resto de autopistas?

–Continuaremos cuando vayan venciendo las concesiones. La siguiente sería la AP-7, de Alicante a Tarragona. Esta sería libre a partir del 1 de enero de 2020, al igual que la AP-4, Sevilla-Cádiz.

–¿Y qué sucedería con el resto de autopistas de pago en Castilla y León, en Ávila, Segovia o León?

–La que lleva más tiempo es la de Asturias, cuya prórroga la hizo el PP en el 2003 y llega casi hasta el 2050. Este Gobierno ha dicho que no se renovarán, ni saldrán de nuevo a licitación, las que terminen este mandato. Para las de Segovia y Ávila el criterio sería el mismo, cuando venzan las concesiones, salvo que en el debate del Parlamento se planteen otras alternativas.

–¿Es oportuno abrir esta cuestión?

–El Gobierno lo que ha planteado es que se busquen soluciones con respecto al mantenimiento de las autovías, bajo el principio de que sea un modelo homogéneo para todo el país, que permita romper los desequilibrios que tienen territorios que están soportando importantes peajes.

–En la opinión pública crecen posiciones para que el Gobierno rescate otras concesiones más largas.

–Rescatar una autopista no es una cosa barata. Tiene un desembolso elevado y ello supone definir el modelo de las infraestructuras. Si rescatamos una autopista, supone que hay que indemnizar a la empresa que tiene un contrato y, por tanto, unos derechos adquiridos. El importe puede llegar a ser inasumible para las arcas públicas. Esta es la cuestión.

–Con el debate del 'procés' de fondo, ¿se dará prioridad a Cataluña?

–El Estado lo que busca es una solución de equilibrio territorial y de mejora de sus infraestructuras. En el caso catalán, lo que ha habido es un déficit inversor en estos últimos años, que se ha notado en Tarragona y Barcelona. No es una cuestión de apoyos al Gobierno central, sino de justicia con los territorios.

–¿No habrá peajes políticos, como dice la oposición?

–Podrán venderlo como quieran, pero lo cierto es que el Ministerio de Fomento lo que quiere es recuperar la inversión que no se hizo en estos años. Hay carencias inversoras y ello también lesiona la imagen del Estado en Cataluña. Pienso que si se hace así la distensión política, tendrá sus efectos. Pero nunca será un 'peaje presupuestario'

–Usted ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y ha comprobado lo desolador que es ver los pilares de hormigón de la variante de mercancías. ¿Cuándo se retomarán las obras?

–Es cierto que hay darle una respuesta a este proyecto y a toda la inversión que se ha realizado. Lamentablemente, España no es un país que desplace muchas mercancías por tren, y por ello queremos poner en marcha un nuevo plan que impulse este transporte y la logística.

–Los nuevos talleres de Renfe siguen sin ser inaugurados.

–El traslado va a comenzar el próximo año, y será una realidad que funcionen para lo que han estado concebidos. Es una inversión muy importante y nuestra obligación es ponerlos en servicio cuanto antes para garantizar además el empleo.

–¿De quién ha sido la culpa del retraso si ya están terminados?

–No he llegado al Ministerio buscando responsabilidades pasadas. La tarea de sacar los temas ya absorbe mucho tiempo. En todo caso, hay que recordar que la situación financiera de la Sociedad Alta Velocidad 2003, su endeudamiento, y la situación de la crisis económica no han contribuido.

–¿Los vallisoletanos y la oposición municipal han asumido ya que no se va hacer el soterramiento?

–Pero la oposición, ¿cuál de todas?, puesto que la Junta, que está gobernada por el Partido Popular, firmó el convenio con el anterior ministro del PP. Este es un debate que está bien de cara a la galería, pero lo que han firmado las administraciones, incluidas las del PP, es lo que vale. Y hay que quedarse con ese compromiso más allá de las quejas del Grupo Municipal del PP. La realidad es la que es. Este partido debería hacerse esta pregunta: Si el soterramiento del ferrocarril era posible, ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaban el Ayuntamiento y convencieron a sus compañeros en el Gobierno de España?