El concejal de Ciudadanos Arauzo de Salce, José Antonio Rubio, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Burgos la presunta comisión de varios delitos de prevaricación por parte de la alcaldesa, Mónica Arauzo.
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Los hechos denunciados hacen referencia a que Arauzo, «unilateralmente ... y sin contar con la Secretaría del Ayuntamiento, decidió sacar a licitación y adjudicar el bar de esta localidad, sin respetar los principios que rigen el concurso público y que ordena la Ley de Contratos del Sector Público, de igualdad, concurrencia y publicidad, entendiendo que se vulneran principios fundamentales del ordenamiento jurídico español», según consta en la denuncia.
Rubio, a través de un recurso, reclamó que se declarase «la nulidad del acto administrativo del Ayuntamiento de Arauzo de Salce y su alcaldesa parase la adjudicación del bar del pueblo» y se retrotrajeran todas las acciones emprendidas al momento inicial. En el recurso se pedía, «sin obtener respuesta», que se convocara, en tiempo y forma por parte de la alcaldesa del Ayuntamiento de Arauzo de Salce, un nuevo concurso que posibilitara que pudiera concurrir el mayor número de personas.
En la denuncia presentada este viernes 30 de abril en la Fiscalía, Rubio apunta otras irregularidades que también podrían ser constitutivas de otro presunto delito de prevaricación y que hacen referencia a las convocatoria de pleno, «sin informar a la secretaria del Ayuntamiento y con escritos de convocatoria que no recogen la firma de la secretaria ni de la alcaldesa y sólo aparece el sello municipal», aparte de ser convocados por vía 'Whatsapp'.
El concejal de Ciudadanos asegura que tampoco se facilita la documentación pertinente de asuntos a tratar en los plenos, caso del «contrato de arrendamiento del coto de caza; la compensación de la estufa del bar y otros que es necesario «consultar para que sean aprobados».
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Rubio alude también a otros plenos contra los que ha presentado recurso de reposición para que se declaren nulas de pleno derecho, por las presuntas irregularidades de la alcaldesa, las convocatorias de pleno con el fin de que, presuntamente también, el denunciante no se presentara en la sesión plenaria. Un modo de obrar que «se ha repetido en meses posteriores hasta la fecha actual», añade.
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