La carretera de Logroño, la autovía que ningún gobierno quiere terminar

El 9 de julio de 2014, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, inauguraba el último tramo riojano de la A-12. Desde entonces, no se ha avanzado ni un solo metro hasta Burgos. Cero.

Circular por la N-120 y llegar con éxito a Santo Domingo de la Calzada es superar una carrera de obstáculos. El trayecto entre la capital de la provincia y la capital de La Rioja, de apenas 113 kilómetros, supone invertir 90 minutos como media, respetando todos los límites de velocidad.

El primer obstáculo que se encuentra el conductor, aún en la ciudad de Burgos, es la endiablada rotonda de acceso al Aeropuerto. Su peralte invertido para evitar su inundación en caso de lluvia es un pequeño desafío a superar antes de atravesar el casco urbano de la pedanía de Castañares.

Es esa travesía otro punto negro de la carretera nacional debido, fundamentalmente, al tráfico intenso y a la presencia de muchos camiones y vehículos pesados que complican el camino. A la salida de Castañares, la fábrica de Kronospan y el pequeño polígono de los alrededores, obligan a extremar las precauciones.

A ello se suma las obras del recién terminado ramal ferroviario y los trabajos actuales del Parque Tecnológico. El siguiente escollo es Ibeas de Juarros. En las calles de la localidad se pueden ver las numerosas pancartas que reclaman la autovía. La travesía de Zalduendo, el cruce de Agés y Arlanzón, el puerto de La Pedraja, la curva del Morro, en su tramo final y el cuello de botella de Villafranca Montes de Oca, van todos unidos en un peligroso paquete.

La carretera, a la salida de Villafranca, se hace generosa y el tráfico suele ser fluido. Los puntos peligrosos son el cruce de Espinosa del Camino y el de Villambistia. Y se vuelve a ralentizar en la travesía de Tosantos. A partir de ahí la llegada a Belorado y su rotonda de acceso al pueblo, al barrio de San Miguel de Pedroso y al polígono del Retorto ha evitado muchos accidentes.

La travesía de Belorado se inicia con un paso alternativo en el puente sobre el rio Tirón. Dos camiones no lo pasan al mismo tiempo. Sin embargo, la vía principal en Belorado es tranquila, a pesar de los numerosos cruces a la izquierda y a la derecha.

Los 15 minutos que llevan al inicio de la Autovía en Santo Domingo nos hace atravesar las travesías complicadas de Villamayor, Castildelgado y Redecilla del Camino. Y es uno de tramos de más accidentabilidad, sobre todo en el que va entre los dos cruces que conducen a Fresneña.

Es en este tramo donde vemos avanzar tímidamente la A-12. Los movimientos de tierra y los pasos elevados empiezan a verse, lo que augura una pronta terminación -o no- de este trozo de carretera.

El horizonte del 2026, si todo va como es debido, es el plazo marcado y será cuando esos 13 kilómetros nos acerquen un poco más a Logroño. Al ser una carretera de doble dirección, los choques frontales y laterales son las causas más frecuentes de los accidentes mortales. Los siete muertos de 2022 y los tres de 2023 son motivo suficiente para que los políticos y las administraciones que gobiernan se pongan las pilas.

Los tramos pendientes de ejecutar para la conexión de Burgos con Santo Domingo de la Calzada son cuatro. El primero de ellos es el reseñado antes, entre la ciudad de la Calzada y Villamayor del Río que se encuentra actualmente en obras. El segundo tramo es el que va desde esta localidad a Villafranca Montes de Oca.

El tercero irá desde Villafranca a Ibeas de Juarros; y el cuarto, de Ibeas a Burgos capital, cada uno en una fase de tramitación distinta. El que primero debería arrancar es el tramo más próximo a la capital, mientras que los otros dos deberán pasar por un proceso de actualización antes de salir a concurso, lo que los retrasará aún más.

Y es más doloroso este trance aún porque las obras de Ibeas a Burgos son de nada más que 7,2 kilómetros de longitud; pero, ¡atención!, se adjudicaron en 2016 a la UTE formada por las empresas Joca y Ocide por un presupuesto de 45 millones de euros. Dos años después, la UTE solicitó un modificado del proyecto que el Ministerio descartó, abriendo así un conflicto que no se resolvió hasta 2021 con la rescisión del contrato.

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