El PP de Burgos sugiere al Gobierno financiación público-privada para la A-11

Los populares, a tenor de las respuestas recibidas del Gobierno de la nación, han asegurado que las obras en la autovía de Soria a Valladolid no avanzarán en los próximos dos años y la provincia más perjudicada será la de Burgos, donde sólo está ejecutada desde 2015 la variante de Aranda de Duero.

Sobre el tramo de 21 kilómetros que va desde la localidad soriana de Langa hasta Aranda de Duero han informado que se está redactando el proyecto pero el Gobierno no les ha adelantado ninguna fecha de finalización. También han confirmado que se tiene que someter de nuevo a información pública y recibir alegaciones, trámites que, aunque exista la posibilidad de actualizar el proyecto, alargarán durante muchos meses cualquier avance en esta vía.

Lacalle ha indicado igualmente que en los presupuestos generales del estado que se aprobarán esta semana no hay partida reservada para este tramo ni para al que va desde el final de la variante de Aranda hasta el límite con la provincia de Valladolid.

Sobre este último ha hecho hincapié en que la declaración de impacto ambiental se ha caducado ya dos veces, ambas durante los gobiernos socialistas, con lo que ello supone de multiplicar los costes y retrasar plazos.

«Pasaremos el año 2021 y 2022 sin ninguna máquina trabajando y a partir de ahí cuatro años más hasta la ejecución total; nos vamos a ir a entre siete y diez años«, ha afirmado Javier Lacalle, considerando un »agravio comparativo« el hecho de que esté paralizado precisamente el tramo de autovía que recorre la provincia de Burgos.

Por todo ello el senador burgalés ha insistido en solicitar al Gobierno que se plantee una fórmula de colaboración público-privada para la financiación de la obra. «Si no hay recursos, que se busque, como se hizo con la mejora de la N-1», ha zanjado.

En cuanto a la línea de ferrocarril Madrid-Burgos, la senadora burgalesa Cristina Ayala ha trasladado la confirmación por parte del Gobierno de no querer invertir en esta infraestructura porque «hay alternativas de mucha calidad», ha señalado textualmente y necesita «informaciones contrastadas de que va a tener un mínimo tráfico».

También ha criticado que el Ministerio de Fomento niegue que haya informes de viabilidad sobre esta línea ferroviaria, cuando se han hecho varios posteriores al de 2014 de INECO.

Por último ha responsabilizado a VOX de que se haya perdido la oportunidad de destinar una partida en los PGE para esta infraestructura al no acudir a la comisión en la que se votaban las enmiendas, perdiéndose los cinco votos que hubieran posibilitado la aprobación de la enmienda del grupo mixto de 25 millones de euros