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La Plataforma Social de Castilla y León ha cifrado en 975 la pérdida de plazas públicas de residencia para personas mayores en los últimos 15 años, con especial incidencia en la provincia de Burgos que resta 210 plazas, seguida de Ávila, con 170 plazas menos; León, con 146 menos, y Palencia, con 144.
A continuación se sitúan Segovia y Soria, ambas con 108 plazas menos; Valladolid, con -106, y Zamora, con -14, mientras que Salamanca es la única que ha ganado plazas públicas, con 31 más.
En la actualidad y según los datos difundidos este jueves por la Plataforma Social de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales gestiona directamente 2.555 plazas de residencia para personas mayores, 975 menos que cuando fueron trasferidas por el IMSERSO las competencias en servicios sociales y ha exigido a la Junta que aumente el número de plazas públicas y que empiece por recuperar el número que asumió con la transferencia.
Este colectivo ha situado las mayores pérdidas de plazas de residencia pública en la residencia de Ávila, en la residencia de Burgos (Cortes), en la residencia de León (La Armunia), en la residencia de Palencia, en la residencia mixta de Segovia y en la residencia de Parquesol de Valladolid.
A esto añade que «en la línea de privatización» que está impulsando la Junta hay cinco residencias propiedad de la Gerencia de Servicios Sociales con gestión transferida a empresas privadas: las residencias de Aranda y Villarcayo en Burgos, la residencia de Santo Martino en León, la residencia de personas mayores en Villablino y la residencia de personas mayores de San Esteban de Gormaz.
La Plataforma Social apela a los datos de 2023 sobre la demanda de plazas públicas sin atender cuando sólo 1.914 de las 5.003 personas que solicitaron el ingreso en una plaza pública la obtuvieron. «No es aceptable que se queden personas sin poder acceder a una plaza de residencia pública y existan 975 plazas vacías», ha reprochado este colectivo.
«Van pasando los años y no se hacen las adaptaciones y por el contrario se mantiene las plazas vacías, a pesar de haber una gran demanda de plazas públicas», critica también la Plataforma Social que recuerda que la mayoría de las plazas se han reducido «supuestamente» para poder adaptar las habitaciones para atender a las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa.
En total y según sus datos, la Junta tiene 3.735 plazas concertadas con entidades privadas mientras que la población mayor de 65 años ha crecido en Castilla y León en los últimos 25 años en más de 100.000 personas, «lo que ha supuesto un incremento en la demanda de las plazas residenciales y la Junta de Castilla y León ha reducido el número de plazas públicas».
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